La Contraloría General de la República detectó vacíos en los decretos expedidos por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la Emergencia Económica, según información obtenida por Revista Semana, tras revisar un paquete de 18 medidas.
El ente de control advirtió riesgos en el recaudo y uso de recursos, así como en la ejecución de programas, e instó al Ejecutivo a ajustar criterios legales y operativos, en medio de la atención a la emergencia invernal.
También alertó sobre posibles impactos en sectores clave si no se corrigen decisiones relacionadas con impuestos, inversión y manejo institucional de los recursos.
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Alertas sobre recaudo, impuestos y ejecución
El análisis de la Contraloría se centró en los decretos expedidos bajo la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, establecida en el Decreto 0150 de 2026, en respuesta a la emergencia invernal en ocho departamentos del país.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los nuevos impuestos planteados por el Gobierno, con los que se espera recaudar hasta $ 8,68 billones. Frente a esto, la entidad fue enfática en que el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar que esos recursos sean recaudados de manera adecuada y oportuna, y que se destinen exclusivamente a atender la emergencia.
En ese sentido, la Contraloría subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Dian y mejorar los mecanismos de control para asegurar el correcto recaudo, especialmente en tributos como el impuesto al patrimonio y los gravámenes a juegos de suerte y azar en línea, citado por Revista Semana.
El organismo también advirtió que ampliar facultades de contratación o crear nuevos impuestos no será suficiente si las entidades encargadas no cuentan con la capacidad real de ejecutar los recursos de manera eficiente, lo que podría afectar la respuesta estatal ante la crisis.
Cuestionamientos a decisiones y uso de recursos
Otro de los puntos críticos señalados por la Contraloría tiene que ver con la reorientación de recursos desde distintos sectores hacia la atención de la emergencia, lo que podría generar impactos negativos en programas en ejecución.
En particular, el ente de control cuestionó el traslado de recursos del sector eléctrico hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al considerar que esta entidad no cuenta con la estructura ni la experiencia necesaria para gestionar obras de infraestructura energética.
“Se revise esta decisión”, indicó la Contraloría, citado por ese medio de comunicación, al advertir riesgos técnicos, jurídicos y financieros que podrían derivarse de esta medida.
Asimismo, alertó sobre posibles consecuencias en el sistema energético si se modifican, sin suficiente rigor técnico, las reglas de operación de los embalses de las hidroeléctricas, lo que podría afectar contratos, tarifas y la confianza de inversionistas en el sector.
En cuanto a la asignación de ayudas, la entidad hizo un llamado a mejorar los mecanismos de focalización y verificación, con el fin de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los damnificados.
La Contraloría también indicó que solicitará información detallada al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a otras entidades sobre la justificación del recaudo proyectado y la distribución de los recursos, como parte de su función de vigilancia fiscal.
Mientras tanto, el organismo insistió en que el Gobierno debe ajustar sus decisiones para evitar riesgos en la ejecución y garantizar que las medidas adoptadas cumplan con los criterios legales y técnicos establecidos para este tipo de emergencias.
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