Alerta en Bogotá por posible presencia del Ejército Gaitanista de Colombia en zonas vulnerables del sur de la ciudad

La posible presencia de estructuras que se identifican como el denominado “Ejército Gaitanista de Colombia” (EGC) en Bogotá ha generado alarma entre líderes sociales y autoridades locales. La concejala Ana Teresa Bernal denunció públicamente la situación tras un hecho ocurrido en el barrio Santa Marta, localidad de Usme, donde sujetos que se identificaron como miembros de las antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) irrumpieron en una jornada cultural de rap organizada por la comunidad.

El evento, cuyo objetivo era recolectar útiles escolares y ropa para niños y niñas del sector, se vio interrumpido por varios individuos que, según testigos, se atribuyeron pertenencia a las AGC. Bernal advirtió que este suceso no es un hecho aislado y se suma a la aparición de grafitis alusivos a este grupo en diferentes puntos de la ciudad, lo que sugiere una intención de posicionamiento de estas estructuras ilegales en la capital.

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La concejala pidió que lo ocurrido en Usme sea atendido con la mayor seriedad por parte de las autoridades distritales y nacionales. Alertó que la expansión de grupos armados organizados en Bogotá representa un riesgo para la seguridad ciudadana y la convivencia, especialmente en zonas populares y periféricas donde la presencia estatal puede ser limitada.

Advertencias institucionales

La denuncia de Ana Teresa Bernal coincide con las advertencias emitidas en la Alerta Temprana 004 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, la cual señaló el riesgo de expansión de las estructuras armadas ilegales en Bogotá. Según este organismo, la capital enfrenta amenazas crecientes por parte de organizaciones delictivas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como el Clan del Golfo.

La posible presencia del Ejército Gaitanista de Colombia en Bogotá generó preocupación en la comunidad y en las autoridades distritales. El caso más reciente se registró en Usme, donde sujetos que se identificaron como miembros de la estructura irrumpieron en un evento comunitario. La concejala Bernal denunció públicamente los hechos y exigió acciones inmediatas para evitar el avance de grupos armados ilegales en la ciudad.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos grupos podrían buscar expandir sus operaciones hacia la capital, aprovechando escenarios de vulnerabilidad social, económica y la ausencia de control estatal en ciertas localidades.

Canales de denuncia y respuesta institucional

Para enfrentar la presencia de grupos armados organizados (GAO) como las AGC, las autoridades han dispuesto diferentes canales oficiales para la denuncia de actividades criminales y amenazas. Entre ellos, la Línea 165 del Gaula de la Policía Nacional permite reportar extorsiones y presencia de bandas de manera confidencial y permanente. La Línea 167 atiende denuncias relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades criminales, manteniendo el anonimato del denunciante.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con la Línea 122 y la plataforma de Denuncia Virtual (adenunciar.policia.gov.co) para reportar delitos de forma ágil. Las URI y Casas de Justicia también ofrecen espacios para denuncias presenciales, mientras que la Línea 123 atiende emergencias generales. La Policía dispone, además, del número de WhatsApp 312-5300000 para reportar hechos delictivos.

El llamado de las autoridades y de la concejala Bernal es a utilizar estos canales ante cualquier señal o presencia de estructuras armadas ilegales en la ciudad, garantizando la reserva de la identidad y protección del denunciante.

Operativos recientes contra el Ejército Gaitanista de Colombia

En paralelo a las alertas en Bogotá, la Policía Nacional reforzó los operativos contra el Ejército Gaitanista de Colombia en otras regiones del país. El 19 de marzo, en el contexto de la operación “Ares” en los límites de Caldas y Antioquia, se logró la captura de cuatro integrantes de la subestructura criminal “Gener Morales”, debilitando significativamente la capacidad operativa y financiera de la organización.

Durante el procedimiento, en el que participaron más de 150 uniformados, se incautaron armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. Los capturados, presuntos subordinados de alias Camilo o El Tuerto, enfrentan cargos por tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Entre ellos se encontraba alias Pava, identificado como coordinador financiero de la estructura, encargado de recaudar fondos ilícitos que ascendían a 50 millones de pesos mensuales.

La operación permitió frenar la proyección criminal de las AGC hacia el oriente de Caldas y municipios limítrofes de Antioquia, donde el grupo pretendía fortalecer sus finanzas mediante el cobro de extorsiones y el tráfico de drogas. Las autoridades reiteraron el compromiso de blindar territorios y evitar la expansión de estructuras ilegales, como parte de una estrategia nacional de seguridad.