El presidente de Colombia, Gustavo Petro reclamó en su cuenta oficial de X que la Contraloría General actúa como supuesto “cómplice de un robo” al no exigir la devolución de los ahorros de los trabajadores que decidieron trasladar sus fondos de pensiones de entidades privadas a Colpensiones.
“Si no devuelven los ahorros de los cotizantes (…) simplemente están cometiendo un robo”, afirmó el mandatario, señalando la existencia de un “corralito” y acusando a la Corte Constitucional de frenar la reforma pensional por temor a favorecer al Gobierno.
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El pronunciamiento de Petro surge en el contexto de la polémica por el plan del Gobierno para trasladar cerca de 25 billones de pesos en ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
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El mandatario pidió a la Contraloría que “deje de ser cómplice de un robo” y cuestionó la inacción tanto de la Superintendencia Financiera como de la Contraloría, a quienes acusó de guardar silencio e incluso de actuar en complicidad con los fondos privados.
En su publicación, Petro enfatizó: “El dinero del ahorro no es de los bancos. Que lo hayan invertido en cosas que la contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece”.
Además, advirtió que la negativa a devolver los recursos configura un “corralito de ahorros” e implicaría una fuga de capitales de los fondos privados al exterior, con el objetivo de evitar la restitución de los dineros a sus propietarios: “las y los trabajadores”.
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Objeciones de la Contraloría y obstáculos legales
La Contraloría General de la República ha señalado que el traslado inmediato de los ahorros pensionales propuesto por el Gobierno vulnera la normativa vigente y representa un riesgo para la seguridad del ahorro individual y las finanzas nacionales. Según el organismo, la propuesta implica transferir unos 24,7 billones de pesos en solo 15 días, contradiciendo lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 del mismo año.
De acuerdo con la Contraloría, los recursos de los afiliados solo pueden ser trasladados a Colpensiones cuando se consolide el derecho pensional. Actualmente, de los 119.496 afiliados que solicitaron el traslado, solo 18.507 cumplen los requisitos para la consolidación de su pensión. El resto debe permanecer bajo la administración de las entidades privadas, o bajo un fondo especial gestionado por el Banco de la República, mecanismo que aún no existe.
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En su análisis, la Contraloría advirtió: “No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas trasladadas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho de pensión”.
Riesgos financieros y consecuencias para los trabajadores
El organismo de control alertó que convertir el ahorro pensional de largo plazo en recursos para cubrir gastos inmediatos podría incrementar el pasivo estatal y comprometer la sostenibilidad del sistema a futuro. “El traslado podría incrementar el pasivo pensional al transformar ahorro en gasto corriente”, expuso la Contraloría.
Además, la liquidación acelerada de inversiones internacionales generaría una menor rentabilidad estimada en 4%, pérdida que tendría que asumir el Estado. El proceso también implicaría la cancelación de contratos y posibles indemnizaciones, afectando directamente el patrimonio de los trabajadores.
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El informe remarcó que los fondos pensionales gozan de protección constitucional y naturaleza parafiscal, por lo que no pueden utilizarse para cubrir necesidades inmediatas del Estado sin respaldo legal. “Cualquier intento de utilizar los recursos sin un soporte jurídico apropiado afectaría la sostenibilidad del sistema”, advirtió la entidad.
La Contraloría identificó problemas operativos adicionales: la inexistencia de un mecanismo institucional efectivo para recibir y gestionar los recursos trasladados en Colpensiones y el riesgo de pérdidas en el patrimonio de los trabajadores por la liquidación forzada de inversiones.
Para la Contraloría, solo una estructura legal y operativa robusta podría evitar consecuencias negativas duraderas para el sistema pensional y los trabajadores afiliados.
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