Comenzó el desmonte del Ministerio de la Igualdad: a decenas de funcionarios les impidieron la entrada sin previo aviso

La mañana del lunes 22 de junio, decenas de trabajadores del Ministerio de la Igualdad se encontraron con una escena inesperada: el acceso al edificio les fue restringido, lo que les impidió cumplir con sus labores habituales.

La situación provocó desconcierto y dejó a los empleados a la intemperie, a la espera de una explicación formal.

De acuerdo con versiones internas, la restricción respondería a una presunta orden de la secretaría general, aunque los funcionarios no recibieron información detallada sobre los motivos ni el alcance de la medida.

Los afectados permanecieron en las afueras de la sede, intentando obtener claridad sobre su situación laboral y el futuro inmediato de sus funciones.

El episodio ocurre en el contexto del inicio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, una decisión obligada tras la ratificación del cierre de la entidad por parte de la Corte Constitucional. La sentencia fijó un plazo definitivo para el cierre, lo que llevó al Gobierno a activar los procedimientos administrativos necesarios para desmantelar el organismo.

La liquidación de un ministerio implica la organización del cierre de operaciones, el cumplimiento de las obligaciones pendientes y la definición sobre el destino de contratos, bienes y personal.

En este caso, el impacto se volvió evidente de inmediato: trabajadores que acudieron a sus puestos no pudieron ingresar ni retomar sus tareas habituales.

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que explique las razones de la restricción de ingreso ni los próximos pasos para el personal afectado.

Liquidación Ministerio de Igualdad

La decisión final sobre el Ministerio de Igualdad en Colombia ha confirmado su desaparición, marcando un giro definitivo en la agenda social del gobierno de Gustavo Petro.

La entidad, que había sido una de las principales apuestas de la actual administración, dejó de existir oficialmente desde el 20 de junio, luego de que el Congreso se negara a aprobar el proyecto que le daría continuidad.

El Congreso no aprobó la iniciativa para mantener el Ministerio, lo que deja a la cartera sin marco legal para operar. El gobierno había reiterado que era posible tramitar la propuesta en sesiones extraordinarias, pero la falta de respaldo parlamentario y el vencimiento de los plazos han cerrado esa puerta. Así, la entidad, que lideró en primera instancia la vicepresidenta Francia Márquez, concluye su breve ciclo de tres años.

La creación del Ministerio fue recibida inicialmente con apoyo mayoritario en el Congreso, como parte de las promesas de campaña de Gustavo Petro. Su objetivo central era reducir las brechas sociales en un país marcado por la desigualdad. Sin embargo, la percepción de inestabilidad, los cambios frecuentes en la dirección, la baja ejecución presupuestal y la ausencia de resultados concretos minaron la confianza de los legisladores.

En los últimos meses, la crítica al Ministerio ganó peso en el Legislativo. El senador Carlos Fernando Motoa resumió la postura opositora al afirmar que la entidad “simboliza y representa lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro: improvisación, corrupción, incumplimiento de metas, baja ejecución, alta rotación de ministros y viceministros, despelote y la burocracia por encima de los intereses del país”. Este tipo de señalamientos se volvieron frecuentes y contribuyeron a aislar políticamente la propuesta.

El hundimiento del Ministerio de Igualdad se produjo tras la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la ley de creación por la ausencia de certificado de disponibilidad presupuestal. El Ejecutivo intentó subsanar el obstáculo, pero no logró las mayorías necesarias a pesar del mensaje de urgencia con el que presentó de nuevo la iniciativa.

La desaparición del Ministerio de Igualdad en Colombia se debió a la falta de respaldo parlamentario, la suspensión de su marco legal por decisión de la Corte Constitucional y la incapacidad del Ejecutivo para construir consensos. El cierre deja en el aire la continuidad de las políticas que buscaban reducir la desigualdad, y evidencia que el gobierno no tenía previsto un plan alternativo para asegurar la transición o el cierre ordenado de la entidad.