Cuando alguien enfrenta o presencia conductas de contenido sexual no consentidas en su lugar de trabajo, lo primero que suele preguntarse es qué tan grave es lo que está ocurriendo y qué puede pasar con quien lo hace.
La respuesta es que el acoso sexual laboral tiene consecuencias simultáneas en tres frentes distintos —el penal, el laboral y el disciplinario—, y ninguno de ellos es menor.
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El acoso sexual está tipificado como delito en el artículo 210-A del Código Penal colombiano, incorporado mediante la Ley 1142 de 2007. La norma castiga a quien, usando una posición de autoridad, poder, edad, sexo o jerarquía laboral, hostigue física o verbalmente a otra persona con propósitos sexuales sin su consentimiento.
La pena de prisión oscila entre uno y tres años. Esa condena puede agravarse si la víctima estaba en situación de vulnerabilidad, si el acosador usó amenazas —por ejemplo, advertirle que la despediría si no cedía— o si se acreditan daños psicológicos severos.
Un punto que genera confusión frecuente: el delito no requiere que el agresor sea el jefe. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que las relaciones de poder también operan entre personas del mismo rango, cuando una de ellas tiene más antigüedad, influencia social dentro de la empresa o ventajas derivadas del género. El acoso entre iguales también es penalizable.
Consecuencias en el sector privado
Fuera del ámbito penal, quien trabaja en una empresa privada y comete acoso sexual viola el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1010 de 2006. Las sanciones son directas:
- El acoso sexual es causal de despido con justa causa, lo que significa que el empleador puede terminar el contrato de forma inmediata y sin pagar indemnización por despido injusto.
- La ley contempla multas de entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el acosador. Esa misma sanción económica puede recaer sobre la empresa si toleró, encubrió o no actuó frente a la situación.
- El acosador —o, en su defecto, la ARL y la empresa si hubo negligencia— puede ser obligado a cubrir hasta el 50% del costo del tratamiento médico o psicológico que requiera la víctima.
- Si la persona afectada se ve forzada a renunciar porque la empresa no hizo nada, la ley lo reconoce como un despido indirecto y obliga a pagar la indemnización correspondiente.
Para servidores públicos, las consecuencias son aún más severas
Quien trabaje para el Estado y cometa acoso sexual enfrenta la jurisdicción de la Procuraduría General de la Nación bajo el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019. Allí, el acoso sexual está clasificado como falta gravísima dolosa, y la sanción es la destitución inmediata del cargo más una inhabilidad general de entre 10 y 20 años. Durante ese período, el sancionado no puede ejercer ningún empleo público ni suscribir contratos con el Estado en ningún punto del territorio nacional.
En agosto de 2024 entró en vigor la Ley 2365, que reforzó las obligaciones de las empresas y amplió la protección a las víctimas. Entre sus disposiciones más relevantes: todas las organizaciones deben contar con un protocolo formal de atención; el acoso sexual no admite conciliación —llevar a una víctima a negociar con su agresor está expresamente prohibido por la Ley 1257 de 2008 y se considera revictimización—; y quien denuncia adquiere estabilidad laboral reforzada, lo que impide que sea despedida como represalia durante los seis meses siguientes a la denuncia.
Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, audios, capturas de pantalla y testimonios de compañeros que hayan presenciado cambios en el ambiente o escuchado comentarios tienen plena validez probatoria. Un peritaje psicológico que acredite estrés postraumático, ansiedad o depresión asociados al entorno laboral también es reconocido como prueba técnica ante un juez.
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