Así reacionaron políticos en Colombia y Estados Unidos por investigación que involucraría a Gustavo Petro: “Esperamos con júbilo la próxima captura del delincuente”

Dos fiscalías federales de Estados Unidos llevan a cabo investigaciones penales independientes contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La información fue confirmada por tres fuentes con conocimiento directo del asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas para revelar detalles de diligencias activas.

Las investigaciones corren por cuenta de las fiscalías del Distrito Sur y del Distrito Este de Nueva York, con sede en Manhattan y Brooklyn respectivamente. En ambos casos participan fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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Según las mismas fuentes los expedientes examinan, entre otros elementos, si Petro sostuvo encuentros con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó o recibió donaciones provenientes de ese sector. Las investigaciones se encuentran en etapas iniciales y aún no es posible determinar si derivarán en acusaciones formales.

Los antecedentes que rodean el caso no son menores. En Colombia, medios de comunicación han documentado intentos de personas con vínculos en el tráfico de estupefacientes de canalizar recursos hacia Petro, incluso a través de su hijo.

El propio hijo del presidente admitió ante la justicia colombiana que dinero de origen ilícito ingresó a la campaña de 2022, aunque hasta la fecha la fiscalía colombiana no ha formulado cargos contra el mandatario. Petro ha rechazado cualquier irregularidad y calificado las acusaciones como políticamente motivadas.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista Gustavo Petro”. Dijo Carlos A. Giménez, político estadounidense de origen cubano, miembro del Partido Republicano.A través de su cuenta de X dijo que Petro le ha hecho daño al país y pide a los colombianos que la izquierda “Solo trae Violencia”.

Giménez ha expresado en el pasado preocupación por la política de “Paz Total” de Petro y sus cambios en la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y extradición. Desde la perspectiva de legisladores estadounidenses como Giménez, estos cambios debilitan la histórica alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia.

La candidata presidencial Paloma Valencia, se refirió al tema y dijo que era necesario que Estados Unidos siga investigando para llegar al fondo de la situación. “Y que le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente con el narcotráfico”, dijo en su cuenta de X.

Además señaló que la Paz Total es “una muestra de la complacencia del gobierno con el delito”, siendo uno de los puntos centrales que Valencia siempre ha criticado de la administración actual.

Otro de los aspirantes a la presidencia, Abelardo de la Espriella, dijo que la justicia estadounidense debe actuar de inmediato, asegurando que Petro es cómplice del narcoterrorismo en el país.

“Quien aspira a la presidencia debe comprometerse ante el país a que hará responder a Petro y a todos sus cómplices”, dijo asegurando que estos deben explicar las presuntas alianzas con el narcotráfico.

A eso se sumaron declaraciones del presidente Donald Trump, quien a finales de 2024 le advirtió a Petro que debía “cuidarse” y lo acusó de inundar de cocaína el mercado estadounidense. Trump ya había calificado al mandatario colombiano de “hombre enfermo”.

El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo en su cuenta de X que estas investigaciones señalan a Petro con el nombre de alias Calarcá. “¿Dónde están los resultados de los hallazgos en los celulares de Calarcá, de su compañera sentimental, de alias Firu y de Ramiro, incautados durante el operativo a la caravana de la UNP en Antioquia?“, dijo el gobernador.

Afirma que Antioquia ha sufrido directamente el accionar criminal de esta estructura, incluyendo homicidios, narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado y la siembra de minas antipersona. Por lo que pide que el gobierno de respuesta a estas indagaciones.

En septiembre de ese año, Washington anuló la visa de Petro durante la Asamblea General de la ONU, luego de que este llamó a soldados norteamericanos a desobedecer órdenes de Trump en una concentración en Nueva York. A su vez, bombardeos de la armada estadounidense contra embarcaciones señaladas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental llevaron a Petro a acusar al gobierno de Trump de cometer asesinatos.

Sin embargo, a inicios de 2026 se registró un deshielo. El 7 de enero, Trump y Petro sostuvieron su primera llamada telefónica, mediada por el embajador colombiano en Washington y el senador republicano Rand Paul. Trump la calificó como un “gran honor” y Petro como “histórica”. Semanas después, Petro visitó la Casa Blanca.

La práctica judicial de Estados Unidos ha sido, históricamente, esperar a que los mandatarios abandonen el poder antes de presentar cargos y solicitar extradiciones. Así ocurrió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado por delitos de narcotráfico a las pocas semanas de dejar el cargo en 2022, juzgado y condenado a 45 años de prisión, pena que Trump conmutó a finales de 2025.