Juliana Guerrero acusó a Jennifer Pedraza por calumnia en escándalo de la Fundación San José y la Corte Suprema tomó decisión definitiva

La Corte Suprema de Justicia resolvió archivar por completo el proceso iniciado por Juliana Guerrero contra la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza.

La decisión, que se conoció la mañana del viernes 20 de marzo de 2026 por cuenta del equipo de prensa de la congresista, fue adoptada tras examinar durante meses una denuncia que comenzó en agosto de 2025 y que sacó a la luz acusaciones graves sobre la autenticidad de títulos universitarios y el acceso a información personal.

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El fallo establece un precedente sobre los límites del control político y la utilización de la justicia en la esfera pública, según se detalla en el documento oficial emitido por el alto tribunal, al que accedió Infobae Colombia. En la resolución de 51 páginas, la entidad judicial excluyó la posibilidad de investigar a Pedraza por los delitos de calumnia, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales invocados por Guerrero.

Este dato cobra relevancia por el volumen de información personal involucrada: la Corte determinó que “los datos de Juliana Guerrero que fueron expuestos por la representante a la Cámara por Bogotá en el marco de su investigación, incluyendo sus nombres y apellidos completos, número de identificación, formación académica, experiencia laboral y profesional, y otros requisitos para cumplir con el perfil requerido para ocupar un cargo estatal, no tiene carácter reservado, al contrario, es de público conocimiento y, por ende, no requiere autorización del titular u orden judicial o administrativa para su acceso”.

La Corte Suprema descartó delitos informáticos y calumnia contra Jennifer Pedraza

Juliana Guerrero había presentado en 2025 una denuncia penal contra Jennifer Pedraza al día siguiente de que la congresista expusiera presuntas irregularidades en la hoja de vida de la excandidata a viceministra de la Juventud, acusando a Pedraza de haber accedido de manera indebida a los registros del Saber Pro en la web del Icfes y de difundir datos con el propósito de desacreditarla.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia expuso que la consulta de dichas hojas de vida y antecedentes forma parte de una práctica legítima bajo los “principios de publicidad y transparencia que rigen la función pública” en Colombia.

Los magistrados explican que “en la página de la Presidencia de la República o en la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Empleos Públicos (SIGEP) el cual tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga conocimiento de los perfiles y pueda realizar comentarios u observaciones sobre los aspirantes. Por tanto, es claro que en el asunto que convoca la atención, no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales”.

La judicialización del caso incluyó también la acusación de calumnia. En este punto, el proceso fue archivado de manera directa porque, según el fallo, “la inasistencia injustificada de la cuestionada funcionaria del gobierno del Presidente Gustavo Petro a la audiencia de conciliación programada por la Corte para noviembre de 2025 llevó a desestimar esa acusación y a archivar el proceso”.

Un escándalo de presuntos títulos falsos y sus ramificaciones institucionales

La génesis de la controversia se remonta al control político que lideró la representante Jennifer Pedraza alrededor de la Fundación de Educación Superior San José, la institución educativa donde, según documentos oficiales, Guerrero habría obtenido los títulos bajo escrutinio.

Pedraza denunció un presunto “cartel de títulos falsos de 769 funcionarios públicos” y la existencia de una estructura que involucra a la empresa Blu Hartman, a la cual atribuye la creación de una universidad de papel identificada como ICAFT.

La representante afirmó a Infobae Colombia que la decisión del alto tribunal constituye “un claro ejemplo de cómo se pretendía usar a la justicia para perseguir el control político, tratando de silenciar a quienes denuncian”.

Asimismo, ella expresó que Guerrero y el exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José han faltado en dos ocasiones a las audiencias judiciales para responder por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

“Lo peor es que Juliana sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del César e incluso acaba de participar en la elección del rector de esa institución”, puntualizó Pedraza.

Consecuencias para los protagonistas y límites de la función pública: las lecciones del caso de Juliana Guerrero

El cierre definitivo de la causa judicial contra Jennifer Pedraza despeja la vía para que avance la investigación sobre la legalidad de los títulos académicos de Juliana Guerrero y la eventual responsabilidad de directivos de la Fundación de Educación Superior San José.

A la fecha, tanto Guerrero como el exsecretario general han sido llamados a audiencias de imputación por los delitos señalados y no han comparecido para presentar su versión ante las autoridades.

El caso refuerza y sirve como un claro ejemplo sobre el principio de que la información sobre formación y trayectoria de aspirantes a cargos públicos es considerada de libre acceso bajo la legislación colombiana cuando se utiliza como parte de procedimientos de control y transparencia institucionales, una interpretación avalada por el alto tribunal.