Colombia está entre los países más peligrosos para los líderes sociales, según la ONU: “El modelo de protección es insostenible”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que Colombia se mantiene entre los países más peligrosos para quienes ejercen liderazgos sociales y defienden derechos humanos.

Así lo señala el informe más reciente presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que abarca el periodo 2022-2025 y advierte sobre la persistencia de la violencia y las causas estructurales que la sostienen, en medio de amenazas, ataques y altos niveles de impunidad.

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Según el documento, en ese lapso se documentaron 410 homicidios de personas defensoras, en un fenómeno extendido y sistemático. Los hechos se registraron en 28 departamentos y 184 municipios, con fuerte concentración territorial: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo sumaron el 76% de los asesinatos. El informe detalla impactos diferenciados sobre líderes comunales, indígenas, campesinos y mujeres defensoras.

“El informe aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y la vulneración de sus derechos entre 2022 y 2025. El objetivo es aportar a la comprensión de una problemática que afecta al país desde hace años: la persistente violencia y los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos”, declaró Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU.

De acuerdo con el reporte, la violencia estaría relacionada con la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, a quienes se atribuye el 73% de los homicidios.

El informe describe disputas territoriales en zonas como el norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Cañón del Micay, el Nordeste Antioqueño, Arauca y el Magdalena Medio, donde confluyen actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

El informe también da cuenta de 2.018 ataques y amenazas adicionales durante el mismo periodo. La mayoría corresponden a amenazas, aunque se identificaron intentos de homicidio, secuestros, vigilancia y agresiones físicas.

Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander), Tame (Arauca) y áreas del Medio y Bajo Putumayo figuran entre los más afectados. Además, la violencia se extendió a contextos urbanos y periurbanos, vinculada al control barrial y disputas por la gobernanza comunitaria en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.

Entre las víctimas, 137 integraban Juntas de Acción Comunal, 105 defendían derechos campesinos, 95 pertenecían a pueblos indígenas y 49 eran mujeres defensoras. En el caso indígena, el pueblo Nasa registró 44 homicidios en el periodo, y el pueblo Awá tuvo 10 líderes asesinados. El informe advierte que estos ataques buscan debilitar procesos organizativos y estrategias de resistencia comunitaria.

“Colombia figura desde hace más de una década entre los países más peligrosos para la labor de defensa de derechos humanos en diversas comunidades. Las personas defensoras han sido objeto de graves afectaciones por su labor en la protección de derechos como la vida, la dignidad, un ambiente sano, el territorio, la tierra, la libertad de expresión, la seguridad y el derecho de la infancia a no ser reclutada por grupos armados no estatales”, señaló Campbell.

El informe reconoce un impacto particular sobre mujeres defensoras, quienes enfrentan violencia de género, amenazas sexuales y campañas de desprestigio. El número de homicidios de mujeres defensoras se duplicó entre 2022 y 2025. Además, la población Lgbt+ también ha sido blanco de homicidios, incluyendo mujeres trans, hombres gays y una persona no binaria.

La impunidad es uno de los mayores desafíos identificados. Aunque se reportan avances, como la priorización de investigaciones por parte de la Fiscalía General y la atención de casos emblemáticos, entre 2022 y 2025 se investigaron 800 homicidios de personas defensoras, de los cuales solo el 6,87% llegó a sentencia.

El informe señala sobrecarga y demoras superiores a seis meses en el modelo de protección estatal, así como la falta de adaptación a contextos rurales. En 34 casos, las personas asesinadas contaban con esquemas de protección o los habían solicitado. La debilidad de los gobiernos locales y la falta de articulación entre niveles de gobierno limita la efectividad de las garantías para personas defensoras.

En 2025, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia redujo cerca del 50% de su personal y cerró tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio, lo que disminuyó su capacidad de monitoreo y asistencia técnica en siete departamentos. Esto generó preocupación entre autoridades y organizaciones sociales.

La ONU recomendó fortalecer la articulación entre el nivel nacional y territorial, mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades locales y avanzar en la superación de la impunidad. También propuso dotar de recursos y capacidades a los municipios para que puedan ejercer su función de primeros respondientes en temas de prevención y protección.

“Además, quienes defienden los derechos de la población LGBTIQ+, en especial las personas trans, enfrentan niveles elevados e inadmisibles de violencia. En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos han manifestado durante años que la defensa de estos derechos no debe poner en riesgo su vida, y nuestro trabajo busca contribuir a que esta situación cambie”, concluyó el representante de la ONU.