Ministerio de Minas reveló las estaciones de servicio que no quisieron bajar los precios del combustible: anunció sanciones

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia abrió procesos administrativos tras detectar incumplimientos en 70 estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Las anomalías, que incluyen aspectos técnicos, operativos, laborales y la falta de reducción en el precio de la gasolina corriente, fueron identificadas durante inspecciones ejecutadas en los últimos meses.

Las autoridades realizaron 86 visitas de verificación en estaciones ubicadas en Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá. Según el reporte oficial del Ministerio de Minas y Energía, más del 75% de los puntos inspeccionados presentó algún tipo de riesgo o irregularidad en el cumplimiento de las normas vigentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, el resultado de las inspecciones motivó la apertura de procesos administrativos contra 70 establecimientos, que deberán responder por las presuntas faltas identificadas.

Un aspecto relevante del informe oficial destaca que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía detectó incumplimientos relacionados con la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina corriente, reducción que debía implementarse desde el mes de febrero.

Comprar gasolina parece algo sencillo. Pero detrás de ese proceso hay una serie de obligaciones que las estaciones de servicio deben cumplir: desde cómo tratan a sus empleados hasta cómo almacenan los combustibles, pasando por los precios que cobran.

Las visitas fueron lideradas por la Dirección de Hidrocarburos del ministerio y se hicieron en el marco de la normativa vigente, así como de la Política de Trabajo Digno y Decente, que el ministerio adelanta en conjunto con el Ministerio del Trabajo.

Los inspectores evaluaron cuatro grandes áreas, el funcionamiento técnico de los equipos (como dispensadores y tanques de almacenamiento), las condiciones operativas del establecimiento, el cumplimiento de normas ambientales y las condiciones laborales de los trabajadores. No basta con que la gasolinera despache combustible: hay reglas sobre cómo debe hacerlo sin poner en riesgo a empleados ni a clientes.

Que tres de cada cuatro establecimientos visitados presenten fallas no es un dato menor. Significa que los problemas no son casos aislados, sino una situación extendida en el sector.

El otro frente: la rebaja de $500 que no llegó a los surtidores

Además de las inspecciones generales, el ministerio realizó 25 visitas específicas para verificar si las estaciones habían aplicado la reducción de $500 por galón en la gasolina corriente, ordenada mediante la Circular 40006 del 1 de febrero de 2026.

Para entenderlo en términos prácticos: si un galón costaba, por ejemplo, $16.500, desde esa fecha debía venderse a $16.000. Una diferencia que, aunque pueda parecer pequeña por tanque, se acumula con cada litro despachado durante semanas o meses.

Las visitas se hicieron en Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada. El hallazgo fue que más del 20% de las estaciones inspeccionadas en esas zonas no había aplicado la reducción, es decir, seguía cobrando el precio anterior como si la instrucción oficial no existiera.

Estos casos no quedarán en manos del Ministerio de Minas. Según informó la cartera, “los hallazgos relacionados con este incumplimiento serán trasladados a la SIC, entidad competente para adelantar las actuaciones correspondientes e imponer las sanciones y multas previstas en su régimen sancionatorio”.

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales irregulares, y tiene potestad para sancionar económicamente a quienes las cometan.

La cartera afirmó en su comunicado que continuará realizando visitas y verificaciones periódicas para asegurar que las estaciones de servicio cumplan con las disposiciones legales y brinden condiciones adecuadas tanto a empleados como a usuarios.

Los 70 procesos administrativos abiertos son el inicio de una investigación formal. Las estaciones involucradas tendrán la oportunidad de responder a los cargos antes de que se defina si hay sanción.