Más de 900 personas privadas de la libertad en Colombia participarán este jueves 19 de marzo de 2026 en actividades de resocialización y embellecimiento en espacios públicos, como parte del relanzamiento de la campaña ‘Buena Esa’ impulsada por el Inpec.
Bajo custodia oficial, los participantes intervendrán parques y calles en las principales ciudades del país, una acción que busca transformar percepciones y fortalecer la reintegración social, según informó el Instituto penitenciario a Semana.
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El relanzamiento de la campaña ‘Buena Esa’ consiste en la salida controlada de más de 900 personas privadas de la libertad a parques y espacios urbanos de Colombia, bajo vigilancia institucional del Inpec y acompañadas por funcionarios penitenciarios.
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Las actividades buscan la reparación de espacios públicos y apuntan a cambiar la percepción social sobre quienes han infringido la ley, presentando la resocialización como una oportunidad real.
Objetivos de la campaña ‘Buena Esa’
La campaña ‘Buena Esa’, liderada por el Inpec y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, busca ofrecer oportunidades a quienes cumplen condena para romper etiquetas y contribuir positivamente a la sociedad.
“Más de 6.500 personas privadas de la libertad, en más de 120 ciudades, han demostrado que la resocialización es una realidad cuando existen oportunidades. Esta campaña se ha convertido en mucho más que una estrategia institucional; es un ejercicio que está transformando territorios y, sobre todo, percepciones”, expresó el director del Inpec a Semana.
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Las labores incluyen intervenciones directas en parques y calles, algunos de los cuales fueron dañados en el pasado en incidentes donde participaron los mismos privados de la libertad que hoy buscan enmendar y aportar a sus comunidades.
La institución enfatiza que el proceso de resocialización integra la reparación del daño con la construcción de confianza social.
Durante esta jornada, 900 privados de la libertad trabajarán fuera de los centros penitenciarios, acompañados por 930 funcionarios del Inpec.
El operativo se inició en Bogotá y se ampliará a un total de 124 ciudades del país, abarcando también municipios.
Bajo la coordinación del Inpec, estas acciones incluyen el embellecimiento de lugares públicos y campañas para sensibilizar sobre la importancia de romper estigmas asociados a la población carcelaria.
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El despliegue institucional evidencia el esfuerzo estatal por lograr avances concretos en la reinserción social y en modificar la percepción ciudadana sobre los procesos de resocialización.
El director del Inpec, coronel Gutiérrez, resaltó el sentido del relanzamiento: “Hoy damos un nuevo paso. No para repetir lo que ya hicimos, sino para ampliar su impacto, fortalecer su alcance y consolidar su mensaje. Nosotros hemos trabajado y lo seguimos haciendo para ampliar las oportunidades, romper estigmas y dejar de encasillar a las personas por su pasado”, declaraciones recogidas por el medio citado.
La entidad subraya que la campaña va más allá de la limpieza de entornos urbanos; implica un proceso transformador enfocado en la reparación simbólica y material de las comunidades afectadas.
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La Procuraduría investiga a tres funcionarios del Inpec por liberación de Gordo Lindo
Un procedimiento disciplinario fue iniciado contra tres funcionarios del Inpec por parte de la Procuraduría General de la Nación, a raíz de posibles irregularidades en la excarcelación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, ocurrida en noviembre de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.
El organismo de control imputó cargos por omitir la verificación obligatoria de antecedentes y medidas judiciales vigentes, condición esencial para garantizar la legalidad en la liberación de cualquier recluso, evidenciando profundas falencias en la administración penitenciaria nacional.
Entre los investigados se encuentra el exdirector de La Picota Horacio Bustamante, el funcionario del área jurídica Fabián Solano y el guardián Wiliam Salas. El pliego de cargos sostiene que, a pesar de existir antecedentes penales y más de 50 procesos judiciales activos en contra de Zuluaga Lindo, los funcionarios autorizaron su salida el 29 de noviembre de 2022 sin seguir el procedimiento de verificación dispuesto por la ley.
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Además, la Fiscalía General de la Nación había notificado el día anterior a la excarcelación la existencia de una boleta de detención vigente por tráfico de estupefacientes agravado, documento que explicitaba la necesidad de mantener privado de la libertad al interno.
La revisión del expediente confirmó que incluso un habeas corpus presentado para su liberación había sido negado por un juez penal, dejando sin sustento jurídico la decisión de excarcelar a Gordo Lindo.
La decisión de la Procuraduría considera que los implicados cometieron una falta disciplinaria de la mayor gravedad, bajo la figura de culpa gravísima.
De acuerdo con el Ministerio Público, la omisión de controles básicos propició la liberación irregular de una persona que debía permanecer bajo custodia, lo que no solo impacta la confianza ciudadana en las instituciones penales, sino que también amenaza la legalidad y la correcta ejecución de las decisiones judiciales.
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El proceso disciplinario busca establecer la responsabilidad de los funcionarios y responde a la obligación del ente de control de preservar la legalidad, la moralidad administrativa y la confianza en el sistema penitenciario colombiano.
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