Los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique no serían enviados a cárceles tradicionales mientras enfrentan el proceso judicial en su contra por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades habrían determinado que ambos permanecerían bajo custodia en estaciones tras su entrega voluntaria luego de la expedición de órdenes de captura por el delito de cohecho impropio.
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La decisión se da en el desarrollo de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Ungrd, en el que, según la Corte, los congresistas habrían recibido pagos indebidos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para favorecer la aprobación de proyectos en la Comisión Tercera de la Cámara.
Actualmente, Karen Manrique se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, donde ya fue reseñada. El director del Inpec, Coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que se está evaluando su traslado a una guarnición militar, como la de Malambo, Atlántico, tras una solicitud de la defensa que alega amenazas recientes.
“Estamos en un trámite de articulación con la defensa y con las fuerzas militares para establecer a dónde va a estar, pero en este momento ella se encuentra ubicada en El Buen Pastor. Se están haciendo unos trámites para ver si, posiblemente, puede pasar a otro centro de reclusión especial”, indicó.
Por su parte, Wadith Manzur ya fue ubicado en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, cumpliendo custodia bajo supervisión policial.
Aún se analiza si ella será finalmente ubicada en una estación de policía en Bogotá o en una guarnición militar en Casanare.
En contraste el medio La FM informó que, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Wadith Manzur fue trasladado a una guarnición y Karen Manrique a un centro carcelario, respectivamente, para responder en juicio ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la misma investigación.
Además de Manzur y Manrique, en el expediente también figuran los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quien renunció a su curul.
La fundamentación de la Corte Suprema
Según la Corte Suprema de Justicia, Manzur y Manrique están vinculados como líderes de una red de corrupción dentro de la Ungrd, y su libertad representaría riesgo de obstrucción a la justicia y reiteración delictiva.
El fallo advierte que ambos mantienen capacidad de influencia política y contacto con estructuras capaces de afectar el proceso judicial, mientras se investiga la mercantilización de la función pública.
Una prueba central del expediente es un manuscrito incautado durante un allanamiento a la asesora del Ministerio de Hacienda Andrea Carolina Ramírez Oliveros en diciembre de 2024, que detalla la presunta distribución de 650.000 millones de pesos entre comisiones económicas del Congreso, asignando 200.000 millones a la Comisión Tercera del Senado, donde se menciona explícitamente a Manzur y Manrique.
El documento de 1.020 páginas, elaborado por el magistrado Misael Rodríguez, concluye que la libertad de los congresistas implicaría un alto riesgo de reiteración delictiva y de interferencia en la investigación, señalando que ambos tienen capacidad de mantenerse en prácticas corruptas aun sin ejercer formalmente sus cargos.
Las redes de poder y la evidencia documental
La investigación identificó que la presunta red de corrupción era una práctica institucional consolidada, con recursos repartidos entre comisiones del Congreso sin justificación técnica, en lo que la Corte llamó “dinámica de compra de votos y decisiones”.
Exfuncionarios como Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, relataron cómo Manrique y su esposo Gustavo González Díaz habrían controlado la contratación en Saravena, Arauca, consolidando influencia sobre los recursos de la entidad.
Asimismo, se documenta que Manzur habría intentado influir sobre declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides Soto en 2024, mientras que Manrique funcionó como articuladora entre funcionarios del Ejecutivo, operadores de la Ungrd y actores regionales para canalizar proyectos y contratos.
Las medidas de la Corte
La Corte descartó la detención domiciliaria, al considerar que medidas menos restrictivas “no neutralizan los riesgos de reiteración delictiva ni la posibilidad de obstrucción al proceso”. Ambos congresistas mantienen redes de poder activas fuera del Congreso.
Además, la Corte ordenó la suspensión inmediata de sus cargos públicos, mientras que los otros cuatro implicados —Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz— permanecen investigados en libertad.
El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, criticó la demora del tribunal y señaló que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habría sido utilizada como “facilitadora de acuerdos políticos a cambio de contratos”.
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