Representantes a la Cámara presentaron propuesta de moción de censura contra el ministro de Salud: “Consideramos que existen circunstancias graves”

La gestión del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, enfrenta un pedido formal de moción de censura presentado por un grupo de representantes a la Cámara, que reclaman una conducción deficiente del sistema de salud.

La solicitud se fundamenta en el aumento sostenido en las tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud, demoras y quiebres en el suministro de medicamentos, y expresiones públicas consideradas revictimizantes hacia familiares de pacientes fallecidos.

La solicitud, dirigida el 18 de marzo al presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, reclama la citación urgente de un debate político sobre la gestión ministerial.

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Los firmantes, entre ellos representantes de partidos como Alianza Verde, Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, y otros independientes, destacan que la persistencia y gravedad de las fallas involucran una responsabilidad política directa.

Desde la base constitucional del artículo 135 de la Constitución y la Ley 5 de 1992, la proposición solicita a la corporación “el pronto agendamiento del debate de Moción de Censura contra el Ministro de Salud y Protección Social, a fin de que esta Cámara examine su gestión frente a los hechos que a continuación se exponen y determine las responsabilidades políticas a que haya lugar”.

Evidencias de una crisis estructural en salud

En el documento se especificó que “La acción de tutela, concebida como mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales, se ha convertido en un instrumento ordinario para obtener medicamentos que el sistema debería suministrar de manera automática, oportuna y continua”.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido públicamente sobre el incremento significativo en las acciones de tutela por negación o entrega tardía de insumos médicos.

Si bien los seguros de salud (EPS) y las entidades farmacéuticas son responsables materiales de la dispensación, la responsabilidad de dirección y control recae en el ministro Jaramillo. Se señala que no existe una respuesta eficaz ni correctivos estructurales visibles, y que el aumento continuo de tutelas es un indicio objetivo de la ineficacia en el cumplimiento de las funciones sectoriales.

A nivel territorial, hospitales y usuarios han reportado interrupciones en tratamientos crónicos, demoras en la entrega de medicamentos y represamiento en la asignación de citas, lo que ha desembocado en manifestaciones ciudadanas y denuncias públicas. La situación afecta especialmente a quienes padecen enfermedades de alto costo o condiciones que requieren una continuidad terapéutica estricta. Según los congresistas, esta deficiencia compromete la vida y la dignidad de las personas.

El documento cita la Ley 1751 de 2015, que obliga al Estado a garantizar “la disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad” en servicios y tecnologías en salud. En su análisis, la solicitud sostiene que “la persistencia de estas fallas revela deficiencias en la coordinación, supervisión y adopción de correctivos estructurales desde la cabeza del sistema”.

La proposición también critica la gestión en cuanto a la crisis financiera de entidades del sistema de salud y el consiguiente impacto negativo en el flujo de recursos. Se detalla que la Resolución 1033 de 2022 encomienda al ministro la formulación de políticas, la coordinación y la supervisión de la ejecución de recursos, tareas que requieren efectividad real y no solo directrices formales.

Destaca la ausencia de respuestas estructurales proporcionales a la magnitud de la crisis y la falta de prevención y supervisión presupuestal. Este deterioro ha derivado, según los firmantes, en un grave deterioro en la garantía de derechos fundamentales.

Declaraciones del ministro y malestar social

Uno de los elementos más sensibles recogidos por los promotores de la moción alude a la actitud pública del ministro Jaramillo ante la crisis. En casos como el del menor Kevin —un paciente fallecido cuyo caso se conoció ampliamente—, la ciudadanía y familiares han considerado las declaraciones de Jaramillo “irrespetuosas, revictimizantes o carentes de empatía” ante la pérdida.

Para los proponentes, este tipo de manifestaciones no solo afectan la legitimidad y confianza en la conducción institucional, sino que además constituyen un déficit de liderazgo y de actitud garante frente a los derechos más elementales de pacientes vulnerables. El texto puntualiza: “Las declaraciones que minimizan, trasladan la responsabilidad o desconocen el impacto humano de estas fallas debilitan la confianza institucional y afectan la legitimidad de la conducción del sistema”.

El núcleo del argumento es contundente: la falta de dirección eficaz desde el despacho ministerial excede la esfera técnica y compromete la confianza pública en la institucionalidad. El aumento de tutelas, las denuncias y la falta de correctivos son considerados elementos suficientes para configurar una responsabilidad política del ministro.

Entre las citas incluidas, los firmantes alertan: “La gravedad de la situación se mide no únicamente en cifras, sino en el impacto real sobre pacientes que ven interrumpidos tratamientos esenciales para su supervivencia o calidad de vida.” Según el texto, el deterioro sectorial señalado justifica plenamente la activación del mecanismo parlamentario de control.

La proposición finaliza con una petición expresa: “La permanencia del Ministro en el cargo compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.

La decisión sobre la moción de censura y su efecto sobre el futuro del ministro Jaramillo será tomada por la Cámara de Representantes en un próximo debate aún por confirmar.