Esta es la millonada que ganarían los grupos armados por minería ilegal de oro: podrían cubrir hasta cuatro veces la emergencia económica decretada por Petro

Las ganancias ilegales derivadas de la minería de oro en Colombia ya superan cuatro veces el costo de la última emergencia económica nacional, decretada por el presidente Gustavo Petro, consolidándose como la principal fuente de financiación para grupos armados ilegales.

En el foro organizado junto a Fedepartamentos y el Tiempo, gobernadores y analistas destacaron que la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico en términos de rentabilidad criminal, con serios efectos en el entramado económico y social del país.

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El auge de la minería ilegal de oro estaría moviendo alrededor de 8.400 millones de dólares anuales, es decir, más de 30 billones de pesos colombianos, con el 85% del oro nacional originado en actividades ilícitas.

Este lucrativo negocio facilitaría el fortalecimiento de organizaciones criminales, incrementa la violencia y provoca graves daños ambientales, mientras reduce las oportunidades para la minería formal y afecta la economía en regiones clave, donde las regalías y la inversión extranjera son fundamentales para el desarrollo.

Cifras oficiales divulgadas por El Tiempo señalan que las ganancias ilícitas superan los 33 billones de pesos cada año. El uso de maquinaria pesada y ‘dragas’ destruye miles de hectáreas y contamina con mercurio centenares de ríos, perjudicando a comunidades rurales y generando conflictos sociales y afectaciones ambientales.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magaly Matiz, advirtió en dicho foro que en municipios como Ataco la minería ilícita ha devastado amplias zonas del río, generando entre los habitantes la ilusión de una bonanza económica. Explicó que existe una “relación de beneficio mutuo” entre estructuras criminales y quienes realizan la extracción ilegal.

“Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre cinco y ocho millones de pesos”, señaló la mandataria departamental en el foro.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sostuvo que la disminución de regalías afecta a departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, que pierden recursos esenciales para el desarrollo regional. Señaló además la existencia de una “parainstitucionalidad” en la comercialización, que favorece la legalización encubierta del oro extraído de manera ilegal y fortalece el control de actores criminales sobre estas riquezas.

“Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo”, señaló Escobar.

La Defensoría del Pueblo, por medio de su representante Érika Castro, recalcó la sobrecarga para atender problemáticas graves como reclutamiento forzado y prostitución, además de otros delitos derivados. Destacó, asimismo, el profundo perjuicio ocasionado a la biodiversidad colombiana.

El coronel José Luis Bastidas, jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, afirmó que destruir la maquinaria utilizada en minería ilegal es una prioridad. Indicó que solo en enero de 2026 se decomisaron 90 vehículos, 18 más que en el mismo mes del año anterior, en acciones orientadas a disminuir la capacidad de extracción de los grupos criminales.

Bastidas explicó a El Tiempo que enfrentar este fenómeno es complejo, ya que muchas de las ganancias se blanquearían mediante empresas fachada o se envían a paraísos fiscales, lo que dificulta su seguimiento y enjuiciamiento bajo la legislación vigente.

El director de Fedepartamentos, Didier Tavera, insistió en que la explotación ilícita de recursos naturales debe considerarse una amenaza para la seguridad del Estado, más allá de una simple infracción ambiental.

Tavera reclamó la intervención conjunta de las tres ramas del poder público para combatir la impunidad y evitar que los responsables sean penalizados únicamente por delitos menores.

“La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado, por el problema que conllevan las rentas y el control territorial”, señaló Tavera en el foro organizado por El Tiempo.

Representantes del sector minero solicitaron mayor presencia estatal en las regiones e impulsar normas claras que protejan la minería formal frente al avance de redes criminales.

El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, advirtió que la incursión de la minería ilegal en el ámbito de las esmeraldas ha frenado la inversión extranjera, muy especialmente en San Pablo de Borbur.

La inseguridad ha llevado a la cesión de concesiones y ha restringido las exportaciones, lo que representa un golpe para la economía local. “Ellos estaban aportando 17 millones de dólares a nuestras exportaciones”, declaró Baquero en información recogida por El Tiempo, agregando que esta cifra desapareció el año pasado.