El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó los sitios de reclusión para Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas investigados en el proceso por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según las disposiciones judiciales, Wadith Manzur será ingresado a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que Karen Manrique será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también en la capital del país.
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Ambos legisladores permanecían en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras ser capturados la semana pasada.
El operativo para su traslado se coordina entre el Inpec y las autoridades judiciales, conforme a las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia. La decisión de los lugares de reclusión se tomó luego de analizar los perfiles de seguridad y los riesgos que enfrentan ambos procesados, así como su condición de aforados.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema expidió medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur y Manrique el 11 de marzo de 2026, después de tres sesiones extraordinarias en las que se evaluó la información recaudada en el expediente.
La acusación formal señala a los congresistas por el delito de cohecho impropio, en el contexto de una investigación que involucra a otros miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
De acuerdo con las investigaciones, Manzur se entregó voluntariamente ante las autoridades en Bogotá para legalizar su situación judicial. Por su parte, Manrique fue capturada tras entregarse en la sede de la Policía en Tame, Arauca, y trasladada posteriormente a la capital.
Ambos fueron llamados a juicio junto a otros legisladores por su presunta implicación en la manipulación de contratos y votaciones dentro de la comisión, con impacto en proyectos de la Ungrd en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
En el expediente se documenta que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar”, según lo reseñó la Corte Suprema en un comunicado oficial.
El proceso abarca hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, actuando como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para conceptuar operaciones de crédito a favor de esa cartera.
Además de Manzur y Manrique, la investigación incluye a otros congresistas como Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes siguen vinculados al proceso judicial. La Corte Suprema cerró la etapa probatoria en noviembre de 2025 y desde entonces la decisión sobre las medidas cautelares se encontraba pendiente.
Karen Manrique obtuvo 5.640 votos en las elecciones del 8 de marzo de 2026, con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, lo que le permitió asegurar su curul como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca. Wadith Manzur, por su parte, fue uno de los congresistas más votados del Partido Conservador, con 134.914 sufragios en los comicios para el Senado.
Se prevé que el traslado de ambos legisladores a sus lugares de reclusión se realice en los próximos días, bajo estrictas medidas de seguridad.
Andrés Garzón, abogado defensor de Manrique, sostuvo en diálogo con La FM que la congresista se mantiene dispuesta a atender todos los requerimientos judiciales y a respetar las determinaciones emitidas por la Corte Suprema.
“Karen Manrique afronta el proceso con tranquilidad, convencida de no haber incurrido en ninguna conducta delictiva”, afirmó Garzón, en la que también cuestionó la severidad de la medida de aseguramiento, alegando que la imputación corresponde solo a cohecho impropio y no involucra manejo de recursos públicos.
El jurista precisó que, a lo largo del juicio, esperan “evidenciar que no existió ninguna acción ilegal por parte de Manrique” y recalcó la voluntad de acatar plenamente las decisiones judiciales durante todo el proceso.
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