El Sistema de Medios Públicos de Colombia, Rtvc, enfrenta una denuncia pública del representante electo Daniel Briceño, luego de que se revelara la presunta inversión de más de $4,2 millones en cenas con bebidas alcohólicas y alimentos de alto costo, como whisky, vino y pulpo, legalizados como “gastos de producción” en contratos oficiales.
La entidad justificó el gasto como parte de la atención a una delegación venezolana durante la Primera Muestra Binacional de Cine Somos hermanos. Esta situación generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y desencadenó un intercambio de señalamientos políticos y acciones legales.
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Las facturas objeto de la controversia detallan consumos realizados en exclusivas locaciones de Bogotá e incluyen cantidades y marcas precisas: doce tragos de aguardiente, seis de whisky y tres botellas de vino, acompañados de jamón de bellota, pulpo a la parrilla, crudo de atún y salchicha de cordero.
En uno de los comprobantes fechados el 1 de noviembre de 2025, se muestra una suma de $1’907.667, otro registra $2’317.389; ambos documentos fueron emitidos a nombre de Rtvc e incorporan propinas que superan los $350.000 en conjunto, según los documentos expuestos por Daniel Briceño, del Centro Democrático.
Así lo informó el propio Briceño, que sostuvo que estos desembolsos se ampararon en el contrato de prestación de servicios suscrito por Diana Isabel Betancourt Argüelles, bajo el rubro de “producción”.
“En RTVC con plata de los colombianos están dedicados a pagar consumos de wiskey, aguardiente, licor, cenas y un derroche realmente absurdo. Señor @HOLLMANMORRIS. ¿Por qué funcionarios y contratistas no pagan el trago con su salario? Esta solo es la punta del iceberg (sic)”, se observa en la publicación hechas por Briceño en su cuenta en X.
El contrato que habilitó estos gastos fue reportado en el portal público Secop: por un valor de $30 millones y con vigencia entre octubre y diciembre del año 2025, contemplaba el “desarrollo de actividades de producción general para las necesidades de Rtvc”, consigna la documentación exhibida por Briceño.
Dentro de la legalización de gastos conexos, una comunicación al interior de Rtvc dirigida a Ana María Montaña, directora de Señal Colombia, incluyó comprobantes por hasta $13’900.000, en la que figurarían las facturas ahora en el centro de la polémica.
La denuncia de Briceño se sustenta en la presunta utilización de contratos de prestación de servicios con el objetivo de solventar atenciones personales o de representación, evadiendo controles propios de adquisiciones administrativas directas.
De acuerdo con la acusación de Briceño, “los gastos en trago, whiskey y costosas cenas se legalizaron en Rtvc a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural”.
En una de las facturas, se consigna la compra de agua San Pellegrino por $21.000 y de jamón de bellota por $236.000, sumando una cuenta con productos de lujo. Ambas facturas fueron validadas como gastos operativos relacionados con televisión.
Ante esto, el gerente de Rtvc, Hollman Morris, defendió que los gastos corresponden a la organización de una recepción para una delegación venezolana de 10 personas, encabezada por el ministro de Cultura, durante el evento cultural binacional celebrado en Bogotá del 1 al 5 de noviembre de 2025.
Según el canal público, la jornada “Somos hermanos” tuvo como objetivo la unión cultural entre Colombia y Venezuela, con la participación y respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela.
Morris enfatizó, durante una intervención en la emisora Blu Radio, que “el contexto de esas facturas es que se invita, ni nada más ni nada menos, al ministro de Cultura venezolano, a una delegación de cultura de ese país, para hacer la presentación de ‘Somos hermanos’, que se hizo el año pasado (...) para atenderlos se invitó a una cena que tuvo esos costos”.
El gerente de Rtvc recalcó que la atención dispensada a la comitiva venezolana corresponde a usos habituales en intercambios institucionales, equiparando el gesto a la recepción que, en situaciones similares, se ofrece a delegaciones colombianas cuando visitan Venezuela.
Bajo esta perspectiva, Morris niega cualquier irregularidad administrativa y cuestiona lo que califica como una “campaña sistemática de desprestigio” impulsada desde sectores de la oposición.
El cruce de denuncias y defensas no se detiene en el plano administrativo. Morris señaló que Daniel Briceño, autor de la denuncia, actúa por “intereses políticos” y recordó haber interpuesto acciones judiciales y disciplinarias en enero contra el congresista electo, a quien acusa de un continuo señalamiento mediático contra la credibilidad de Rtvc y de sus funcionarios.
“Con cerca de 100 publicaciones vinculando a Rtvc, sus funcionarios y contratistas con conductas criminales, Daniel Briceño ha calificado: ‘Rtvc es una banda criminal, se persiguen opositores, se acosan mujeres, se ataca a quien piensa distinto, se manda a chuzar, se patrocina el vandalismo y se extorsionan a contratistas y funcionarios’, constituyendo manifestaciones de violencia política, atacando el ejercicio periodístico, afectando la honra y el buen nombre de todo el Sistema”, afirmó Morris.
En una investigación previa, Briceño ya había denunciado la adjudicación de $455’400.000 a una empresa relacionada con la esposa del exministro de Justicia Eduardo Montealegre.
El objetivo declarado de ese contrato era redactar una demanda contra Briceño en respuesta a sus señalamientos públicos a Rtvc, con una ejecución programada a once meses. Al respecto, Briceño advirtió: “La persecución le sale muy cara a los impuestos de los colombianos”.
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