Por primera vez en Colombia, una paciente solicitó el suicidio medicamente asistido por enfermedades mentales. Catalina Giraldo, acompañada jurídicamente por Lucas Correa, abogado y director de investigaciones de DescLab, protagoniza un caso inédito que plantea un debate sobre el derecho a la muerte digna en el país.
El abogado Correa, en diálogo con El Tiempo, sostiene que la historia de Giraldo visibiliza los obstáculos legales y sanitarios en Colombia para acceder a la muerte digna cuando se trata de enfermedades mentales graves e incurables.
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Resalta que, aunque la paciente ha recibido atención médica y tratamientos especializados sin éxito, las negativas de la EPS Sanitas y la falta de regulación estatal mantienen a Giraldo hospitalizada y en riesgo de nuevos intentos de suicidio.
Giraldo ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor refractario, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad generalizada. “Catalina Giraldo es una paciente que tiene tres diagnósticos de salud mental tremendamente complejos”, explicó Correa en entrevista con El Tiempo.
El abogado subrayó la singularidad del proceso judicial: “Este es el primer caso público en donde la persona dice: ‘Yo lo que tengo es una enfermedad mental’”. Aclaró, además, que Giraldo ha contado con la atención adecuada de su aseguradora y especialistas, pero los tratamientos han fracasado.
La defensa de Catalina cuenta con la intervención activa de DescLab, organización reconocida por su labor en el derecho a morir dignamente. “Ella ha estado hospitalizada casi doce veces. De hecho, en este momento está hospitalizada porque, en la espera judicial para que le aceptaran el suicidio medicamente asistido, tuvo un intento de suicidio hace más o menos unas tres semanas”, relató Correa al medio mencionado.
El proceso de Giraldo incluyó la solicitud previa de eutanasia, la cual fue denegada por la EPS Sanitas. “Sanitas le niega la eutanasia y ahí es donde ella llega a nosotros en DescLab”, detalló el abogado. Agregó que Giraldo optó por esta alternativa “porque le parece un acto de libertad. Como dice ella, de ‘autonomía’”.
Correa indicó que, aunque la paciente ha sido atendida oportunamente por Sanitas, la negación del procedimiento se debe a la ausencia de normativa estatal que regule el suicidio medicamente asistido.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo constitucional que vinculó al Ministerio de Salud y al Congreso de la República. “El requisito es tener una enfermedad grave e incurable y la mayoría de las enfermedades mentales clasifican como enfermedades graves e incurables”, puntualizó Correa.
El juzgado de Bogotá denegó la tutela en diciembre pasado. Correa lamentó: “La sentencia es para sentarse a llorar”. Explicó que decidieron no apelar por el atraso judicial y aspiran a que la Corte Constitucional revise el caso, aunque existen alrededor de 600.000 tutelas pendientes.
Correa remarcó la urgencia de acompañar a quienes enfrentan situaciones similares. “Nosotros decimos, con conocimiento de causa, que las personas que se van a quitar su vida, porque tienen ideas suicidas, terminan haciéndolo de manera solitaria, insegura y desprotegida”, advirtió al medio.
Destacó la necesidad de asegurar un procedimiento seguro y acompañado: “Lo que nosotros planteamos con este caso es que ese momento no se haga en cualquier Airbnb que se reserve. Tampoco que se compren medicamentos de manera clandestina”.
A juicio del abogado, las principales barreras residen en la regulación estatal, no en el acceso a la atención médica. “La deuda que tiene el Estado es por el tema de regulación. Si el presidente lo hubiera querido hacer, ya estaría reglamentado”, afirmó Correa.
El experto diferenció las decisiones tomadas por personas con enfermedades físicas y aquellas con afecciones mentales: “Con la enfermedad física, los pacientes simplemente dicen: ‘No me hago más esto’. Pero en salud mental, ¿cuánto tiene que hacer una persona para que su sufrimiento sea reconocido como incompatible con la vida?”.
En declaraciones a El Tiempo, Correa resaltó que la legislación colombiana no está aislada: “Esto es posible hacerlo en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Colombia”.
El caso de Giraldo, remarcó el abogado, tensiona los límites y dilemas éticos de la normativa local frente a los marcos regulatorios europeos.
El reto fundamental para Catalina Giraldo y sus acompañantes legales sigue vigente: encontrar un camino seguro y acompañado que evite desenlaces solitarios o violentos. La historia deja abiertas nuevas preguntas sobre la dignidad, la protección y la autonomía de quienes viven con enfermedades mentales graves en Colombia.
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