La imposición del impuesto al patrimonio a universidades privadas en Colombia sigue generando inconformidades y ahora disputas legales que quedarán en manos de la Corte Constitucional.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó desde el viernes 13 de marzo una demanda para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 0173 de 2026 emitido por el Ministerio de Hacienda, al advertir que este impuesto puede poner en riesgo los recursos destinados a la educación superior y afectar a los estudiantes.
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Según la demanda, las universidades privadas alegan ante la Corte Constitucional que esta carga fiscal afecta su sostenibilidad financiera y obliga a redirigir fondos educativos al pago de impuestos.
Según Ascún, la medida podría incrementar los costos de las matrículas, reducir la oferta de becas y dificultar el acceso a la educación superior para más de 1,2 millones de estudiantes.
El recurso interpuesto por Ascún detalla que el decreto, expedido el 24 de febrero de 2026, impone el impuesto a todas aquellas instituciones privadas cuyo patrimonio líquido supere los 10.474 millones de pesos.
En su intervención ciudadana, citada por el mencionado medio, Ascún advirtió que destinar estos recursos al pago tributario “constituye una interferencia directa en su autonomía financiera”, pues la mayor parte del patrimonio se invierte en infraestructura y servicios educativos.
En sus argumentos jurídicos, Ascún afirmó que el Decreto Legislativo 0173 vulnera principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva. La organización señaló que el Gobierno no justificó adecuadamente por qué incluyó a las universidades privadas entre los obligados al pago del impuesto al patrimonio.
Ascún insistió en que estas instituciones, por ser entidades sin ánimo de lucro, destinan sus recursos a la misión educativa y científica, no a la acumulación de riqueza.
Entre las pretenciones de la asociación solicitaron al alto tribunal que dicte medida de suspensión provisional del impuesto mientras la Corte evalúa su constitucionalidad.
Afectaciones económicas a las universidades privadas
El impacto financiero calculado por Ascún alcanza los 135.000 millones de pesos para el grupo de aproximadamente 80 universidades privadas obligadas al pago.
Este sector concentra a más de 1,2 millones de estudiantes, y la aplicación del tributo podría agravar su situación financiera actual, ya presionada por la disminución en matrículas y el aumento del salario mínimo, según explicó el vicepresidente de Ascún y rector de Uniminuto, padre Harold Castilla, a El Tiempo.
“Nosotros tenemos un promedio de dos mil millones de pesos que tenemos que pagar ahora en la primera cuota, el primero de abril, y la otra en mayo. El impacto del salario mínimo, del 23 por ciento; la caída de la matrícula, y ahora este impuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande”, señaló Castilla al diario nacional.
Aunque el monto a recaudar representa solo una fracción del patrimonio total del sector educativo privado, que Ascún estima en 27 billones de pesos, su desembolso reduciría los fondos dirigidos a becas y cupos educativos.
El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, destacó en declaraciones recogidas por El Tiempo que gravar a las universidades privadas podría afectar los recursos destinados a investigación y funcionamiento académico.
“Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes”, comentó el académico al diario nacional.
Posible incremento de matrículas y efectos sobre los estudiantes
La nueva carga tributaria ha generado preocupación acerca de un posible traslado del impuesto al costo de las matrículas. El vicepresidente de Ascún advirtió que, debido a la tensión financiera que atraviesan las universidades, existe el riesgo de que se incrementen los valores que deben pagar los estudiantes.
Ascún alertó que destinar recursos al pago del impuesto disminuiría la oferta de cupos y limitaría la concesión de becas para quienes más lo necesitan. Las instituciones privadas temen que estos ajustes mermen la calidad y la accesibilidad de la educación superior que ofrecen.
“Puede ser que algunas —no estoy hablando de todas— sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula”, comentó Harold Castilla a El Tiempo.
Entretanto, el Decreto 0173 no exige el pago del impuesto al patrimonio a las universidades públicas, ya que estas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, por ser entidades estatales.
En su intervención, Ascún planteó que, de no prosperar la inconstitucionalidad total, se excluya del impuesto a las universidades privadas clasificadas como entidades sin ánimo de lucro bajo el régimen tributario especial.
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