Publilcan las primeras imágenes de Wadith Manzur en la Fiscalía tras orden de captura por escándalo de la Ungrd

Las primeras imágenes del senador Wadith Manzur en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, se conocieron luego de que se hiciera efectiva la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El congresista llegó a las instalaciones judiciales tras ponerse a disposición de las autoridades y permanecerá allí mientras se adelantan los procedimientos correspondientes por su presunta implicación en un esquema de desvío de recursos públicos dentro de la entidad encargada de la gestión del riesgo en el país.

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La decisión judicial también cobija a la senadora Karen Manrique, quien igualmente es investigada por su presunta participación en la trama de corrupción. Ambos congresistas están señalados de haber intervenido en un entramado para direccionar recursos de la Ungrd.

Con esta captura, el caso amplía la lista de parlamentarios vinculados a la investigación.

Entre los nombres que ya habían sido detenidos por el mismo expediente figuran los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name, señalados por su presunta relación con el manejo irregular de fondos.

Durante su permanencia en el búnker de la Fiscalía, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron las diligencias iniciales del procedimiento.

En el lugar estuvieron presentes el fiscal Gabriel Sandoval y la investigadora María Cristina Patiño, quien lidera el capítulo de corrupción relacionado con la entidad.

Según el registro de la diligencia, Patiño fue la encargada de comunicarle formalmente a Manzur sus derechos legales al momento de la captura, incluidas las garantías procesales, el acceso a su defensa y la posibilidad de comunicarse con sus familiares.

Durante el procedimiento, la funcionaria le preguntó: “¿Le informaron sus derechos al momento de la captura?”, a lo que el senador respondió en varias ocasiones “Sí, señora”, confirmando que fue notificado de la autoridad que emitió la orden judicial y de las garantías legales que le asisten.

En el acta también quedó consignado que el congresista no presentó objeciones frente al trato recibido durante el procedimiento.

Tanto Manzur como Manrique habían obtenido su curul en las elecciones del 8 de marzo, pero ahora enfrentan procesos judiciales que podrían afectar su permanencia en el Congreso, en medio de uno de los escándalos de presunta corrupción más graves que ha golpeado recientemente a la Ungrd.

De acuerdo con la decisión judicial adoptada el 11 de marzo de 2026, la Corte Suprema ordenó la captura y medida de aseguramiento en centro carcelario contra ambos congresistas dentro del proceso penal por el presunto desvío de 92.000 millones de pesos en contratos públicos relacionados con la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.

Según la Sala de Instrucción del alto tribunal, la medida se sustentó en el riesgo de que los investigados, debido a su influencia política nacional y regional y a su reciente elección, puedan afectar el desarrollo de la investigación.

Al cierre de la jornada, Manzur permanecía privado de la libertad en la cárcel Cárcel La Picota de Bogotá, mientras que Manrique se encontraba en una estación de Policía en Tame, en el departamento de Arauca, a la espera de su traslado.

El expediente también vincula a otros dirigentes políticos: Liliana Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo y al excongresista Juan Diego Muñoz. Sin embargo, para ellos la Corte determinó que podrán continuar en libertad mientras avanzan las investigaciones y se recopilan nuevas pruebas dentro del proceso judicial.

El material probatorio reunido por los investigadores apunta a que seis parlamentarios —cinco en ejercicio y un excongresista— habrían aceptado sobornos a cambio de emitir conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia que revisa operaciones de financiamiento solicitadas por el Gobierno nacional.

En el mismo proceso también aparecen mencionados Iván Name y Andrés Calle, quienes para el periodo investigado ejercían como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían sido beneficiarios de recursos provenientes del direccionamiento de contratos por valores cercanos a 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos.