Senador del Pacto Histórico denunció amenazas de muerte contra él y su familia de un grupo que asegura se hace llamar “Defensores de la Patria”: “Me van a desaparecer”

El senador de la República por el Pacto Histórico Ferney Silva denunció amenazas de muerte que atribuyó a un grupo que se hace llamar “Defensores de la Patria”.

Según afirmó en sus declaraciones, las intimidaciones se dirigieron contra él, su familia y líderes del suroccidente colombiano vinculados con sectores de oposición y del progresismo.

En una publicación en X, Silva expuso el contenido de uno de los mensajes que, de acuerdo con su denuncia, recibió. “Un grupo que se hace llamar ‘Defensores de la Patria’ me dice que si no me callo, me van a desaparecer”, escribió el congresista.

El senador agregó que las advertencias también alcanzaron a dirigentes de su colectividad en la región. “Amenazan también a los líderes del Pacto Histórico en el suroccidente”, afirmó en el mismo mensaje.

A través de un video, Ferney Silva calificó los hechos como “persecución política” y los relacionó con un “discurso de odio que se disfraza de patriotismo”. En sus declaraciones, sostuvo que las autoridades ya fueron informadas sobre lo ocurrido.

“Hay que decirlo de manera categórica: esto hace parte de una narrativa de odio disfrazada de patriotismo”, expresó el senador. Para el congresista, las intimidaciones tienen relación con su actividad política y el respaldo que brinda a causas sociales y comunidades.

El legislador indicó que las amenazas no modificarán sus posiciones. “Las diferencias ideológicas deben tramitarse mediante el diálogo y la paz”, manifestó.

También aseguró que continuará con su labor política pese a las intimidaciones. “Por defender a las comunidades, hoy me amenazan. No nos van a callar, seguiremos resistiendo”, escribió Silva.

Hasta el momento, no se conocieron pronunciamientos públicos de las autoridades sobre la identidad de los responsables de los mensajes denunciados por el senador.

¿Qué consecuencias legales puede afrontar quien realiza amenazas de muerte en Colombia?

Una amenaza de muerte puede activar una investigación penal en Colombia, aun cuando el autor no ejecute la agresión anunciada. La autoridad debe establecer el contenido del mensaje, el medio utilizado, el contexto entre las partes y la capacidad de la intimidación para causar temor o alterar la tranquilidad de la víctima.

El Código Penal, contenido en la Ley 599 de 2000, tipifica el delito de amenazas en su artículo 347. La norma contempla pena de prisión de cuatro a ocho años y multa para quien intimide a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror. La configuración concreta del delito depende de la valoración que haga la Fiscalía General de la Nación y, después, un juez.

Las expresiones verbales, llamadas, mensajes de texto, audios, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales pueden ser elementos de prueba. La víctima puede conservar capturas de pantalla, enlaces, registros de llamadas, archivos de audio, datos de testigos y cualquier otra información que permita identificar al presunto responsable.

La amenaza de muerte puede estar asociada con otras conductas punibles. Si ocurre contra una pareja, expareja o integrante del grupo familiar, las autoridades pueden analizar si existen hechos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, acoso, extorsión o delitos relacionados con violencia basada en género.

En esos casos, una denuncia no implica una condena automática. La Fiscalía General de la Nación debe recaudar elementos materiales probatorios, definir la calificación jurídica de los hechos y presentar el caso ante un juez si encuentra mérito para ello. La persona investigada conserva el derecho a la defensa y al debido proceso.

Cuando hay riesgo para la integridad de la víctima, pueden activarse rutas de atención y medidas de protección. En asuntos de violencia contra las mujeres, la Ley 1257 de 2008 prevé mecanismos para prevenir nuevos actos de agresión y proteger a quienes denuncian. Las decisiones pueden incluir órdenes dirigidas al presunto agresor, según las circunstancias y la autoridad competente.