Analista reveló qué significa decisión del régimen de Delcy Rodríguez de bombardear campamento del ELN en la frontera con Colombia: “Hay un clima absoluto de complicidad histórica”

Un presunto ataque de las Fuerzas Armadas venezolanas contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure dejó, según denuncias de la ONG Fundaredes, al menos 19 muertos y un número no precisado de heridos.

Para Juan Francisco García, coordinador regional de la organización, la operación podría reflejar un quiebre en la relación que sectores estatales habrían mantenido durante años con grupos armados colombianos.

El hecho habría ocurrido el viernes 30 de octubre en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, cerca de la frontera con Colombia. Hasta el momento, las autoridades de Venezuela no han difundido una versión oficial sobre la operación, las identidades de las víctimas ni las circunstancias del ataque.

García, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó en una entrevista con La FM que la ofensiva resulta inusual en una zona donde, según sus denuncias, el ELN y otras estructuras irregulares mantuvieron presencia durante años.

El coordinador de Fundaredes sostuvo que la organización detectó movimientos militares en el área fronteriza desde hacía cerca de 40 días. Según relató, se registraron sobrevuelos de aviones K-8 de fabricación china y tareas de abastecimiento de combustible, antes de que se conocieran los reportes del supuesto bombardeo.

También mencionó el uso de drones, un recurso que, de acuerdo con su declaración a La FM, no había sido empleado antes por la Fuerza Armada venezolana en acciones contra organizaciones armadas colombianas.

“Es la primera vez que el ejército venezolano utiliza drones para una operación militar”, afirmó García. A partir de ese dato, planteó que pudo existir algún tipo de asistencia externa, aunque aclaró que no hay información suficiente para establecer cómo se desarrolló el ataque ni qué entidades habrían participado.

Las versiones preliminares difundidas por Fundaredes señalan que nueve cuerpos fueron trasladados a San Fernando de Apure, donde una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) habría iniciado procedimientos forenses. Otras 10 personas habrían muerto en el área de la operación.

La ONG también informó que un número indeterminado de heridos habría cruzado hacia Colombia. Ninguna de esas cifras fue confirmada de manera pública por el Ministerio de Defensa de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni el Palacio de Miraflores.

Fundaredes denunció una historia de permisividad frente a los grupos armados

García vinculó el supuesto ataque con una posible ruptura entre sectores de la estructura militar venezolana y el ELN. Según dijo, la actuación de las instituciones estatales frente a la guerrilla, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos ilegales estuvo marcada por una tolerancia que les permitió consolidar su presencia.

“Hay un clima absoluto de complicidad histórico que le ha permitido a estos grupos operar en Venezuela con total impunidad”, manifestó el coordinador regional de Fundaredes.

El dirigente afirmó que la dimensión territorial del ELN en Venezuela podría ser mayor que la reflejada en los reportes públicos. Explicó que la ONG reúne información a través de campesinos, docentes, trabajadores sanitarios y habitantes de localidades fronterizas.

García citó como zonas bajo influencia de estructuras armadas a sectores de Páez, La Victoria, El Amparo y El Nula, todos ubicados en la franja de Apure que limita con el departamento colombiano de Arauca.

La presencia guerrillera en la frontera supera los registros conocidos, según la ONG

El coordinador de Fundaredes indicó que no pudo confirmar si entre los fallecidos se encuentra alias Silvana Guerrero, a quien algunas versiones identifican como una de las dirigentes del ELN. Sí insistió en que la organización tendría capacidad logística y territorial en distintos puntos de Venezuela.

“Yo sí creo que la dimensión de lo que existe en el ELN en Venezuela es mucho mayor”, sostuvo García durante la entrevista.

Como antecedente, recordó recorridos realizados años atrás en áreas cercanas a Arauquita y Guasdualito. Según su relato, entonces identificó 16 pistas de aterrizaje, además de maquinaria y equipos que, de acuerdo con su denuncia, pertenecían al Estado venezolano y eran utilizados en obras de infraestructura aérea.

Las denuncias sobre la zona de Buena Vista del Meta también apuntan a que el sector habría funcionado como retaguardia de organizaciones armadas y punto de acopio para cargamentos de cocaína. Fundaredes ha advertido durante años sobre la presencia de actores irregulares en el municipio Pedro Camejo, que limita con el departamento colombiano de Vichada.

Por su parte, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, calificó el supuesto bombardeo como una operación de gran escala y consideró que puede implicar una modificación en la doctrina de empleo de la Fuerza Armada venezolana, según declaraciones citadas por El Espectador.

Para la activista, el hecho también puede aumentar los riesgos para los habitantes de la frontera. Alertó sobre eventuales desplazamientos de población ante el temor a nuevas operaciones militares y a represalias de estructuras del ELN, que mantienen mecanismos de control sobre comunidades del eje Arauca-Apure.

San Miguel planteó la necesidad de reforzar el patrullaje fluvial y de activar mecanismos de coordinación con Colombia para contener a los grupos armados y proteger a la población civil.

La continuidad de las operaciones de rastreo y una eventual declaración oficial de Caracas serán determinantes para establecer si el ataque en Apure correspondió a una acción aislada o al inicio de un cambio de política frente a las organizaciones colombianas que operan en territorio venezolano.