Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cuatro medidas para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol: “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”

El Gobierno de Colombia anunció cuatro directrices para reforzar la seguridad en los estadios de fútbol profesional, con detectores de metales, controles de identidad y revisiones de los protocolos ante riesgos. Las medidas deberán ser trabajadas por las 25 comisiones locales de fútbol que operan en las ciudades con partidos profesionales, sin que aún se hayan precisado fechas de aplicación, recursos ni sanciones por incumplimiento.

La estrategia fue presentada tras la reactivación de la Comisión Nacional de Fútbol, encabezada por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez. En menos de dos meses, ese espacio realizó dos sesiones nacionales, dos reuniones técnicas y siete mesas de trabajo con autoridades y organizadores para revisar las condiciones de seguridad durante los encuentros, según La FM.

El anuncio ocurre en medio de preocupaciones por la violencia asociada a algunas barras y otros actores en los escenarios deportivos. Miller Soto Solano, vocero del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, sostuvo que “las graderías se llenaron de tensiones y muchas veces de violencia”.

Detectores, identificación y protocolos ante riesgos

La primera disposición ordena instalar detectores de metales en los accesos a los escenarios deportivos para impedir el ingreso de armas. “Quien vaya a disfrutar del fútbol no tiene por qué llevar armas”, expresó el pronunciamiento oficial.

La segunda exige la aplicación estricta del Sistema de Validación Nacional, destinado a identificar a cada persona que entra a las tribunas. El mecanismo deberá ajustarse al Decreto 1622 de 2022, que forma parte del marco normativo para el control de los accesos.

Las otras dos directrices establecen la actualización de los planes de seguridad y de gestión del riesgo en cada estadio. La revisión deberá incluir los procedimientos para prevenir incidentes, atender situaciones que afecten el desarrollo de los partidos y proteger a los espectadores.

Las decisiones fueron adoptadas con participación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras entidades. Las autoridades buscan unificar los protocolos de control tanto en las principales ciudades como en otros municipios.

El Gobierno planteó que las disposiciones deben mejorar las condiciones de ingreso, permanencia y salida de los aficionados. Soto resumió el propósito de la política: “Nuestro objetivo es que el estadio vuelva a ser el punto de encuentro pacífico de las familias colombianas”.

La ministra Gutiérrez había definido el alcance de la Comisión Nacional de Fútbol con una advertencia: “No estamos allí para echarnos discursos ni para cumplir por cumplir con una normativa. Estamos allí para que las cosas sucedan”.

Las multas, prohibiciones de ingreso y penas de prisión contempladas en las leyes de Colombia por violencia en los estadios

La Ley 1445 de 2011 concentra las sanciones contra quienes infrinjan las reglas de convivencia en el deporte profesional. Sus disposiciones incluyen multas, prohibiciones temporales para asistir a escenarios deportivos, trabajo social en determinados casos y prisión cuando se usen o lancen objetos o sustancias peligrosas.

Entrar o permanecer con armas de fuego, armas blancas u objetos peligrosos puede implicar multas de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de acudir a estadios entre seis meses y tres años. La misma consecuencia se aplica a quien intente ingresar o posea estupefacientes, invada el terreno de juego, promueva violencia contra integrantes de la fuerza pública o desobedezca instrucciones sobre tránsito y ubicación en zonas no autorizadas.

Las sanciones aumentan cuando el responsable es organizador o protagonista del partido, dirigente de un club profesional o actúa bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias similares. En esos casos, la multa va de ocho a 15 salarios mínimos y la prohibición de asistir a escenarios deportivos puede extenderse entre uno y seis años.

La agresión física contra otra persona se castiga con una multa de 20 a 100 salarios mínimos y una prohibición de ingreso de tres a cinco años. Para las agresiones verbales, la primera respuesta prevista es trabajo social comunitario con formación pedagógica orientada a la prevención de la violencia; si hay reincidencia, la multa puede ir de uno a 20 salarios mínimos y la restricción de acceso, de uno a tres años.

Los daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial también tienen multas de 20 a 100 salarios mínimos, además de una prohibición de ingreso de dos a cuatro años. La definición comprende estadios, instalaciones de clubes, centros de entrenamiento y medios de transporte utilizados por jugadores, directivos e hinchas.

La reforma también modificó el artículo 359 del Código Penal. Quien emplee, envíe o lance una sustancia u objeto peligroso contra una persona, edificio o medio de transporte dentro de un espectáculo deportivo puede recibir una pena de uno a cinco años de prisión, cuando la conducta no configure otro delito.