Corte Suprema envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la Ungrd

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, dentro de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La determinación fue adoptada durante una sesión extraordinaria realizada el miércoles 11 de marzo de 2026 en Bogotá. En la providencia, el alto tribunal impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, mientras que otros cuatro investigados continuarán vinculados al proceso en libertad.

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La decisión también cobija a la senadora Liliana Esther Bitar Castilla y a los congresistas Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán afrontando el proceso judicial sin restricción de la libertad.

De acuerdo con la Sala de Instrucción, la investigación se originó en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Según el expediente, los congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia a cambio de comprometer su función dentro de dicha comisión, que tiene la responsabilidad de conceptuar sobre operaciones de crédito externo que adelanta el Gobierno.

La providencia señala que en diversas reuniones se habría planteado un acuerdo mediante el cual los parlamentarios respaldarían el trámite de créditos de interés para esa cartera ministerial.

De acuerdo con la Sala, la contraprestación ofrecida consistiría en favorecer proyectos relacionados con la contratación pública vinculada a la Ungrd. En particular, la investigación menciona tres iniciativas en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. “En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar”, señala la decisión judicial.

Medidas de aseguramiento

Con base en el material probatorio recaudado durante la etapa investigativa, la Sala concluyó que existen elementos suficientes para formular la acusación por el delito de cohecho impropio.

En el documento se indica que “el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”, motivo por el cual se dispuso avanzar hacia la siguiente fase del proceso penal.

En consecuencia, la Sala ordenó que los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte sean privados de la libertad en centro carcelario como medida de aseguramiento mientras continúa el trámite judicial.

Asimismo, la Sala dispuso que el Congreso de la República de Colombia sea informado de la decisión. El objetivo es que los legisladores acusados sean suspendidos del ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso judicial, conforme a los procedimientos establecidos para los procesos penales contra congresistas.

En caso de que posteriormente se configure una vacancia definitiva de las curules, por una condena judicial en firme, pérdida de investidura o renuncia aceptada, el escaño será ocupado por el siguiente candidato con mayor votación dentro de la misma lista o circunscripción electoral, de acuerdo con los resultados oficiales certificados por el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, la curul continúa perteneciendo al mismo partido o lista con la que fue obtenida en las elecciones legislativas.

El alto tribunal también indicó que el proceso continuará una vez la decisión quede en firme. En ese momento, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Ese despacho será el encargado de adelantar el juicio correspondiente y determinar la responsabilidad penal de los acusados en relación con los hechos investigados.