Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

Tras las elecciones legislativas que se realizaron el 8 de marzo de 2026, se van conociendo las personas que integraran las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, varios dirigentes han manifestado su desacuerdo con la presencia de políticos que estarían involucrados en escándalos judiciales o que aún mantienen cuentas pendientes con los tribunales.

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Ese fue el caso de Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que, a través de su cuenta de X, lanzó fuertes cuestionamientos contra varios congresistas que lograron mantener su curul en el legislativo, aún cuando están siendo investigados por el escándalo de corrupción de la entidad.

Entre las parlamentarias cuestionadas por Carrillo se destaca Marta Peralta, que logró obtener una de las curules dispuestas para las comunidades indígenas, que obtuvo 61.098 votos, según los datos registrados en el preconteo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Peralta habría estado vinculada en el direccionamiento de contratos y cargos a cambio de respaldos políticos para el Gobierno Petro, algo que ha negado constantemente la actual senadora del Pacto Histórico.

Ante esta situación, Carlos Carrillo, replicando la publicación de Marta Peralta en X, reiteró su llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se avancen en las investigaciones contra ella y los demás congresistas vinculados en el entramado, aunque sostiene que cada uno mantiene su presunción de inocencia.

Además, recordó que, por este caso, solo han sido capturados dos congresistas, los cuales son Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.

“Respeto la presunción de inocencia, pero es imperativo que la Corte Suprema tome decisiones, sólo dos de los muchos congresistas vinculados a las investigaciones de la UNGRD han recibido orden de captura, la indefinición le hace un gran daño al país”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Incluso, señaló que la reelección de algunos congresistas vinculados al entramado representa una burla para los colombianos. “O los eximen o los meten presos, pero este limbo es un insulto al país. ¡Casi todos se reeligieron ellos o en cuerpo ajeno!”, manifestó.

Los candidatos que obtuvieron su curul

Además de Martha Peralta, otros congresistas que estarían vinculados al escándalo de corrupción en la Ungrd, también fueron electos en la jornada electoral.

Entre ellos, se encuentra Wadith Mazur, candidato del Partido Conservador, que alcanzó más de 100.000 votos, solamente superada por Nadia Blel (más de 170.000 sufragios).

También, se destaca la elección de Karen Manrique en la circunscripción de paz por el departamento de Arauca con 1.633 votos, respectivamente. Según la investigación, la congresista es acusada de actuar presuntamente como enlace entre el Gobierno y otros legisladores para el direccionamiento de contratos a cambio de votos en el Congreso.

En caso de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento contra Manrique, no solo se perdería su candidatura, sino también la representación de la región de Arauca en el Congreso, según contó Diego Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) a El Espectador.

Entre las pruebas más relevantes, la Corte Suprema de Justicia estudia interceptaciones telefónicas practicadas en los últimos meses de 2024 y mensajes extraídos del teléfono de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda.

Benavides Soto negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de revelar el mecanismo de cooptación de votos dentro del Legislativo. Estos mensajes y llamadas dan cuenta de la interacción entre Benavides, Manzur, la también congresista Liliana Bitar y altos exfuncionarios como Ricardo Bonilla y Diego Guevara.

El expediente judicial, que ya cuenta con 500 páginas, incluye conversaciones que permitieron ubicar dos reuniones señaladas como determinantes para el avance del caso. La primera fue un desayuno el 4 de octubre de 2025, ocasión en la que, según la investigación, se presentó la propuesta ilícita. La segunda cita ocurrió el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se habría alcanzado el acuerdo definitivo.

Las interceptaciones telefónicas ponen en evidencia el modo en que los congresistas gestionaban recursos del Estado para las regiones que representaban a cambio de su respaldo a proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo nacional. Estas pruebas, que forman la base del caso que ahora pondera la Corte Suprema de Justicia, representan un giro en la investigación, cuyo desarrollo ha sido seguido de cerca por el medio Infobae.

En agosto de 2025, la profundidad de las indagatorias llevó al magistrado Rodríguez a presentar una ponencia que solicitaba la detención preventiva de cinco congresistas implicados. En aquel momento, la medida fue rechazada y los implicados continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias.