
Las autoridades migratorias colombianas ordenaron la expulsión del país de una ciudadana de Estados Unidos luego de revisar una serie de reportes sobre incidentes ocurridos durante su estadía en Cartagena, capital del departamento de Bolívar.
La decisión se adoptó después de recibir información de la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo del Distrito y distintos prestadores de servicios turísticos que reportaron problemas recurrentes relacionados con su comportamiento.
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Según los registros recopilados por las autoridades, la extranjera acumuló al menos cuatro comparendos por conductas que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 —el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—, se consideran contrarias a la convivencia.
Los reportes oficiales indican que varios de los episodios ocurrieron en establecimientos turísticos ubicados en zonas frecuentadas por visitantes, como Bocagrande y Marbella. Las quejas de hoteles y hostales, sumadas a los comparendos, fueron incluidas en el análisis que llevó a la autoridad migratoria a revisar la continuidad de su permanencia en el país.
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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, uno de los primeros incidentes ocurrió en el Hotel Palma Bahía, ubicado en el sector de Bocagrande. Allí, según los reportes, la mujer se habría negado a pagar consumos y el valor del alojamiento, lo que llevó a que personal del establecimiento solicitara apoyo de la Policía Nacional para retirarla del lugar.
Posteriormente, otro establecimiento reportó una situación similar. En el Hotel Pinar del Mar, la ciudadana extranjera dejó una deuda cercana a 560.000 pesos colombianos y daños materiales dentro del alojamiento, hechos que también fueron reportados a las autoridades.
Otro episodio ocurrió en el Hostal Marbella 47, situado en el barrio Marbella. Según los testimonios entregados por el establecimiento, la mujer llegó durante la madrugada asegurando que había sido víctima de un robo en el lugar donde se hospedaba previamente. En ese momento indicó que no tenía dinero, ni siquiera para pagar el taxi que la había trasladado hasta el hostal.
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Para respaldar su relato, la extranjera presentó documentos que, según dijo, correspondían a una denuncia por hurto ante la Fiscalía. Con base en esa versión, el establecimiento decidió permitirle el ingreso, le ofreció alojamiento y también le proporcionó alimentación y recursos para movilizarse por la ciudad.

Sin embargo, seis días después de su llegada al hostal, la cuenta acumulada por hospedaje, comida y otros servicios alcanzaba los 795.000 pesos colombianos sin que se hubiera realizado ningún pago. Ante esa situación, el establecimiento solicitó la devolución de la habitación y decidió retener el equipaje de la huésped como garantía para intentar recuperar parte del dinero correspondiente a los servicios prestados.
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De forma paralela, la ciudadana presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en la que afirmó haber sido víctima de un hurto. Según su relato, al regresar a la habitación de un hotel en Bocagrande después de salir a desayunar encontró la puerta presuntamente forzada y varias pertenencias desaparecidas.
También aseguró que en la playa de Castillogrande se produjo un altercado después de que, según su versión, le exigieran 200 dólares por el uso de una sombrilla, una silla y el consumo de una margarita. En ese episodio, afirmó que le arrebataron su teléfono celular, valorado en 500 dólares, y que recibió un golpe que le dejó un hematoma en el brazo.
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Posteriormente, las autoridades y algunos prestadores de servicios turísticos recopilaron información adicional, incluidos registros audiovisuales. Según los reportes revisados, esos elementos mostraron inconsistencias frente a la versión presentada inicialmente, ya que algunos establecimientos señalaron que la mujer habría salido de los hoteles con todas sus pertenencias.
Ante la reiteración de incidentes, la Policía Nacional elevó una solicitud formal a Migración Colombia para que evaluara la permanencia de la extranjera en el territorio nacional.
Tras analizar la información enviada por las distintas entidades y revisar los reportes disponibles, Migración Colombia concluyó que la permanencia de la ciudadana representaba un riesgo para el orden público y la tranquilidad social, por lo que aplicó la medida administrativa de expulsión conforme a la normativa migratoria vigente.
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La mujer fue trasladada a un vuelo con destino a Miami, en Estados Unidos, desde donde continuará su proceso migratorio fuera del país.
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