
La Fiscalía General de la Nación fijó para el viernes 29 de mayo de 2025 la audiencia en la que formulará cargos contra el exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.
De acuerdo con la denuncia presentada por la exesposa Beatriz Niño Endara, el exdiplomático desarrolló un comportamiento obsesivo y controlador, acompañado de episodios recurrentes de celos y hostigamiento, debido a sospechas de infidelidad con colegas y superiores.
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“Obsesionado con la idea de que sostenía una relación extramarital con su supervisor -e incluso con compañeros de trabajo– el denunciado comenzó a hostigar y a perseguir de manera progresiva a la Dra. Niño Endara, invadiendo cada vez más su privacidad”, sostuvieron los abogados en febrero de 2025.
La investigación de la Fiscalía determinó que, tras la separación y cuando la víctima empezó una nueva relación, Garcés Carabalí presuntamente utilizó testimonios falsos y evidencias manipuladas para obtener la custodia de sus hijos en instancias judiciales.

Según el ente acusador, este proceso impidió que Niño Endara pudiera visitar o comunicarse con los menores, que fueron llevados a Ghana bajo la tutela del exfuncionario.
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“Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad, y ejerciera sus derechos como madre. La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá”, puntualizó la Fiscalía.
La audiencia, que tendrá lugar ante el juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, comenzará a las 8:00 a. m. del viernes 29 de mayo. Durante el proceso, la Fiscalía presentará los elementos probatorios recogidos en la investigación.
Hechos por los que es acusado el exembajador de Colombia en Ghana empezaron en 2017

Daniel Garcés Carabalí, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos episodios de violencia intrafamiliar agravada, así como acusaciones de fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor, hechos que, de ser probados, podrían acarrear sanciones penales y disciplinarias y afectar la imagen del Estado colombiano en el exterior.
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De acuerdo con la denuncia formalizada ante el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la víctima, Beatriz Niño Endara, relató que la violencia comenzó a intensificarse en 2017, periodo en el que Garcés Carabalí se postuló como candidato a la Cámara de Representantes en la circunscripción especial de comunidades negras.
El abogado Felipe Álzate, representante legal de Niño Endara, sostuvo que los hechos constituyen una grave vulneración de la normatividad vigente, y detalla en el expediente que los ataques de celos y conductas obsesivas del diplomático se tornaron dominantes y erráticas desde que asumió esa candidatura.
Según la denuncia, los episodios de violencia se agravaron y pasaron del maltrato verbal a lo físico y sexual. El documento detalla: “Con el paso del tiempo, la situación de maltrato y agresión se intensificó, escalando los agravios e improperios verbales a episodios de violencia física y sexual directa. Comenzó a golpearla, llegando a propinarle cachetadas, empujarla, sujetarla del cuello —en episodios de ahorcamiento— y arrastrarla por el piso durante discusiones”.
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La denuncia también describe que los hechos de violencia solían ocurrir cuando Garcés Carabalí estaba bajo efecto del alcohol.
En 2021, según el documento entregado a la Fiscalía, Niño Endara optó por separarse: “La Dra. Niño Endara decidió separarse de Daniel Garcés a comienzos del año 2021. Sin embargo, el denunciado conservó unas llaves de su vivienda, manteniendo así un acceso indebido a su espacio personal, prolongando su control sobre ella”.
A pesar de la ruptura, la acusación sostiene que él continuó hostigándola mediante redes sociales, con mensajes y publicaciones descalificantes para su expareja.

El expediente enfatiza la reiteración del acoso a través de medios digitales: “De manera constante, repetida y sistemática, durante los últimos cuatro años, ha agredido y acosado a nuestra prohijada con afirmaciones absurdas, destinadas a denigrarla —en un intento por desacreditar su criterio— menoscabar su autoestima y anular su autonomía”.
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Los denunciantes también resaltaron la gravedad institucional de los hechos, al advertir que las conductas imputadas al funcionario “no solo afectan la transparencia de la función pública, sino que también comprometen la imagen del Estado colombiano en el exterior”.
Tanto la víctima como su abogado solicitaron, el 13 de febrero de 2025, a la Fiscalía General de la Nación que evalúe si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras el proceso avanza, allegados a Garcés Carabalí afirmaron que “él se encuentra tranquilo y confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar su inocencia”.
Por su parte, los denunciantes han declarado que mantendrán su compromiso con la causa hasta que se adopten las medidas correspondientes. El documento presentado ante la Fiscalía concluye con una petición expresa: “No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad. Exigimos que la Fiscalía actúe con celeridad para garantizar que se haga justicia”.
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