La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, investigados por la presunta falsificación de diplomas universitarios en la Fundación San José para acceder a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.
Ambos podrán enfrentar el proceso penal en libertad, según confirmaron fuentes judiciales.
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La decisión se adoptó porque, según la Fiscalía, no se cumplían los criterios jurídicos mínimos —conocidos como “presupuestos procesales”— necesarios para respaldar una medida de aseguramiento domiciliaria. La fiscal delegada Daisy Jaramillo indicó que tampoco se encontraron elementos materiales que justificaran la solicitud.
Durante la audiencia, el ente acusador sostuvo que los presupuestos procesales exigidos por la ley no se cumplían en el caso de Guerrero y Gutiérrez, razón por la cual no era procedente solicitar su privación de la libertad.
La investigación subraya además que los documentos presentados como diplomas universitarios no contaban con los requisitos académicos exigidos por la normativa vigente.
Durante la audiencia, se enfatizó la necesidad de que la diligencia procesal se realizara para ambos citados en conjunto, no de forma individual, lo que incidió en la suspensión de la petición de la medida restrictiva.
El caso se originó en la presunta utilización de diplomas falsos por parte de Guerrero al aspirar a la viceministería de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal a Guerrero y a Gutiérrez, secretario general de la Fundación de Educación Superior San José.
De acuerdo con el expediente judicial, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos no válidos: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional. La investigación judicial se enfoca en las supuestas irregularidades en la expedición y uso de estos documentos, que habrían sido utilizados para cumplir requisitos de posesión en el cargo gubernamental.
La audiencia de imputación de cargos se convocó por primera vez el 27 de febrero, pero fue aplazada al no presentarse Guerrero ni contar Gutiérrez con abogado de confianza, como documentó Caracol Radio.
El proceso judicial registró nuevos aplazamientos. El 11 de marzo, Guerrero envió una carta solicitando “un último” aplazamiento, alegando dificultades para encontrar defensor de confianza, pese a disponer del apoyo de la defensora pública Alba Rubiela Acosta.
La jueza 79 de control de garantías de Bogotá aceptó la petición, permitiendo así que la Fiscalía pudiera llevar la imputación contra ambos en una misma sesión, procedimiento que la fiscal consideró indispensable, según Cambio y El Espectador.
Mientras tanto, Gutiérrez se presentó con un defensor público, pero la Fiscalía prefirió postergar la diligencia y dejar pendiente la nueva fecha de la imputación conjunta.
La medida de aseguramiento quedó sin efecto, motivo por el cual los investigados seguirán afrontando la investigación en libertad.
La autoridad judicial resolvió que la aplicación de una medida restrictiva carecía de fundamento jurídico suficiente, por lo que le correspondió levantar la solicitud inicial conforme al marco legal colombiano.
La participación de Juliana Guerrero en elección de rector de la Universidad del Cesar genera cuestionamientos
La presencia de Juliana Andrea Guerrero Jiménez en la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar provocó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la influencia política en la institución, especialmente porque esta participación se produjo tan solo un día antes de que la funcionaria enfrentara una audiencia de imputación por presuntas irregularidades en sus títulos académicos.
La audiencia judicial fue anunciada por la Fiscalía General de la Nación, que pretende formular cargos graves y solicitar una medida de detención domiciliaria, lo que añade incertidumbre sobre la continuidad de Guerrero en cargos públicos.
La decisión del Consejo Superior Universitario se concretó en apenas ocho minutos. Cinco votos a favor y ninguno en contra sellaron la llegada de Guillermo Andrés Echevarría Gil al cargo de rector para el periodo 2026-2030. Este resultado consolidó al bloque formado por representantes del Gobierno nacional, exrectores y delegados académicos.
Durante la sesión, Guerrero Jiménez actuó como delegada del presidente de la República ante el consejo, rol que le otorga voz y voto en la máxima instancia de gobierno universitario. La propia universidad difundió un video donde se observa la intervención y votación de la funcionaria, lo que puso su accionar bajo la mirada pública a pocas horas de enfrentar acusaciones penales.
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