El 8 de marzo de 2026, se llevaron a cabo las elecciones al Congreso de la República; 295 congresistas, divididos en Senado con 105 curules y la Cámara de Representantes con 187 miembros.
Con más del 80% de las mesas de votación escrutadas, aspirantes al Legislativo celebran su elección como congresistas. Entre ellos, Wadith Mazur, candidato del Partido Conservador, que está involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Aunque la Corte Suprema de Justicia estudia las pruebas para determinar si Mazur va a juicio, el político colombiano de 39 años obtuvo más de 110.000, solo por detrás de Nadia Blel, que fue la senadora más votada por los conservadores.
El partido liderado por Efraín Cepeda obtuvo 1.647.688 votos, siendo el quinto colectivo político más votado, por detrás del Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y la Alianza Verde, por lo que obtendrá más de dos escaños en el Senado, lo que asegura la presencia de Wadith Manzur en el Congreso para el próximo cuatrienio.
Las pruebas que analiza la Corte Suprema de Justicia contra Wadith Manzur y otros cinco congresistas
En el proceso de investigación fueron determinantes las llamadas y los mensajes de texto extraídos del celular de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de aportar detalles sobre el mecanismo ilegal de cooptación de votos legislativos.
En un expediente de 500 páginas figuran chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, además de conversaciones con altos funcionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.
Estas comunicaciones permitieron reconstruir dos reuniones clave: un desayuno el 4 de octubre de 2025, en el que se habría presentado la propuesta irregular, y otro encuentro el 31 de octubre, en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.
Entre las pruebas decisivas que ahora evalúa la Corte Suprema de Justicia destacan las interceptaciones telefónicas practicadas en el último trimestre de 2024 a distintos investigados. En particular, esas grabaciones mostrarían cómo los congresistas gestionaban recursos estatales para sus regiones a cambio de apoyar en el Congreso de la República los proyectos prioritarios del Gobierno nacional.
El avance y profundidad de la investigación modificaron el rumbo del proceso. En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez ya había presentado una ponencia solicitando la detención preventiva de los cinco congresistas. En esa oportunidad, la medida fue rechazada y ellos continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias en libertad.
El expediente contiene múltiples declaraciones de exfuncionarios de alto rango. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, actualmente en prisión por su vinculación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aportó que en un Consejo de Ministros se impartió una directriz para que cada integrante de esa mesa “adoptara” a un congresista, a fin de orientar su voto a favor del Ejecutivo. Ortiz aseguró que la directiva fue pronunciada por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Por su parte, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, relató ante el alto tribunal que denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla, también encarcelado por este escándalo, e informó de la situación al presidente Gustavo Petro, que, en palabras de Reyes, “nunca se inmutó”.
Reyes responsabilizó a Andrea Carolina Riveros de instrumentar la mecánica para la desviación de recursos: “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó el ex titular de la cartera.
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