Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

La desaparición del partido Comunes del Congreso es un hecho. Tras la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, marcada por una votación insuficiente y denuncias de presuntas irregularidades, Sandra Ramírez, exesposa de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, que fue cabecilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no logró la votación necesaria no solo para inscribirse en el legislativo; sino para arrastrar al lista hacia el umbral mínimo.

Ramírez, que estuvo durante ocho años en el órgano legislativo, en representación de la fuerza política que surgió tras la desmovilización del grupo guerrillero, sumó según la Registaduría, escrutado el 97,06% apenas 10.122 votos al competir por el Senado en la lista de Fuerza Ciudadana. La colectividad no alcanzó ni el 1% de los sufragios, con un 0,58%, y quedó lejos del umbral legal del 3% exigido para mantener la personería jurídica y la representación parlamentaria.

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El dato central del colapso político fue la cifra que obtuvo el exdirectivo de Fecode, Nelson Alarcón, que lideró la lista con 16.916 votos, pero tampoco obtuvo una curul. Ambos resultados evidencian una caída electoral sin precedentes para los partidos surgidos del proceso de paz y, de esta manera, el 20 de julio de 2026 finalizará el periodo en el que las curules de Comunes estaban garantizadas por el Acuerdo de Paz, como se estableció en noviembre de 2016.

Fuerza Ciudadana y Comunes denunció presuntas irregularidades en la jornada del 8 de marzo

En medio de este descalabro en las urnas, ambas colectividades presentaron una denuncia pública ante las autoridades electorales y la ciudadanía. “Nos permitimos denunciar públicamente serie de irregularidades durante el desarrollo de la jornada electoral, que afectan las garantías políticas”, denunció la colectividad, que detalló que se recibieron numerosos reportes sobre “hechos que podrían constituir obstáculos al ejercicio de la vigilancia electoral”.

En su comunicación, los partidos reportaron que sus testigos electorales encontraron “impedimentos para ingresar a los puestos de votación, suplantación de votantes, limitaciones para vigilar determinadas mesas o prohibición de realizar registros de las irregularidades reportadas durante la jornada”. También indicaron que algunos testigos recibieron instrucciones de borrar registros fotográficos y fueron expulsados de los centros de votación dispuestos.

La denuncia abarcó además casos de “intervenciones indebidas en el proceso electoral”, en ocasiones atribuidas a autoridades administrativas, así como la presencia de estructuras ajenas a los lugares de votación. El reporte documentó otros problemas como la entrega de tarjetones sin firmas de jurados, presión sobre el electorado y la negación de material electoral; aunque en la misiva no se adjuntaron pruebas de estas denuncias de estas aparentes irregularidades.

“Estas situaciones han sido reportadas en distintos territorios del país, siendo los más recurrentes: Bogotá, Caquetá, Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico”. Y se añadió una denuncia por la “falta de garantías para el ejercicio del derecho al voto de poblaciones con discapacidad”. A raíz de los bajos resultados, el partido exploró alianzas y coaliciones, pero no logró cuajar el respaldo ciudadano y de esta manera se pondrá fin a un periodo en el que tuvieron asiento.

Además de sus cinco lugares en el Senado, también desaparecerán los cinco lugares en la Cámara de Representantes, en un balance en el que, según registros previos, ningún desmovilizado de las Farc logró un lugar en el legislativo que se viene. Lo anterior, a diferencia de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que tendrán un periodo más tras el del 2022-2026, y elegirán a 16 integrantes para esta corporación.

Es oportuno destacar que, como una medida de reparación integral y transición, según el Acto Legislativo 02 de 2021, los representantes de las víctimas ocuparán un lugar hasta el 2030: con la tarea de que se establezca su representación política en zonas rurales afectadas por el conflicto armado en el país; siendo esta una medida transicional de reparación.