Estos candidatos lograron una curul en el Congreso a pesar de estar en varios escándalos: varios son investigados por el caso Ungrd

Durante el periodo legislativo 2022-2026, varios congresistas resultaron ‘salpicados’ e investigados por la Corte Suprema de Justicia, siendo el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el más sonado.

Sin embargo, algunos de ellos reclamarán en los próximos días sus credenciales como congresistas para el periodo 2026-2030.

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Wadith Manzur, candidato por el Partido Conservador, logró su curul para este nuevo periodo legislativo. El congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el presunto saqueo en la Ungrd.

Miguel Ángel Barreto, nuevo senador por el Partido Conservador, es investigado por su presunta participación en el caso de ‘Las Marionetas’.

Daniel Restrepo también logró un escaño en el Congreso. Restrepo estuvo en el centro de la polémica por la captura y posterior libertad del escolta Luis Alfredo Acuña Vega, que llevaba publicidad política y dinero en efectivo.

Ape Cuello Baute tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por su presuntos sobornos para la adjudicación de contratos a través de regalías de paz, según datos de El Tiempo.

Karen Manrique es señalada por Olmedo López, máximo exponente en el caso de corrupción de la Ungrd. Juan Loreto Gómez también es ‘salpicado’ por este caso y logró una curul en la Cámara de Representantes.

En Cambio Radical, el nombre de Didier Lobo Chinchilla destaca por estar bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por el PRESUNTO delito de enriquecimiento ilícito.

Según El Tiempo, a Lobo se le atribuye un supuesto crecimiento patrimonial que incluye vínculos con empresas, fideicomisos y depósitos en múltiples cuentas bancarias.

Otro integrante de Cambio Radical con curul es Carlos Cuenca Chaux, condenado en primera instancia por la supuesta compra de votos en el departamento de Guainía. Cuenca enfrenta, además, una investigación por enriquecimiento ilícito.

El citado medio precisó que el tribunal lo halló responsable de entregar productos de construcción a una comunidad con el propósito de asegurar su reelección como representante a la Cámara en 2014. Por estos hechos, se solicitó una pena de siete años y ocho meses de prisión domiciliaria.

Por el Partido Liberal, que sumó trece curules, figura Camilo Torres Villalba, sobrino de un reconocido contratista de la región Caribe. La campaña de Torres Villalba fue objeto de observación luego de que se difundió un audio en el que se incentivaba el voto a su favor con la promesa de una bonificación en Montelíbano (Córdoba). El contexto familiar y las relaciones políticas de Torres han sido objeto de debate público, mientras persisten los señalamientos sobre el proceso electoral que lo llevó al Senado.

En el Pacto Histórico, la bancada más numerosa del Senado con veinticinco curules, varios integrantes también enfrentan procesos judiciales. Álex Flórez, actual senador, está siendo investigado por la Corte Suprema por presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Se le relaciona con supuestas exigencias de recursos a contratistas de Medellín destinados a financiar su campaña legislativa de 2022. Flórez rechaza los señalamientos.

Pedro José Suárez Vacca, representante de Boyacá, es investigado por presunto prevaricato por acción agravada. Durante su periodo como juez en Tunja, se le acusa de supuestamente haber beneficiado a procesados otorgando prisión domiciliaria a pesar de estar implicados en delitos de secuestro.

El caso de David Racero también está bajo la lupa. El congresista fue citado a indagatoria por presuntamente emplear personal de su Unidad de Trabajo Legislativo en actividades ajenas a sus funciones oficiales. Recientemente, el Consejo de Estado rechazó los recursos que buscaban la pérdida de investidura de Racero. El proceso judicial permanece abierto.

Por último, Martha Peralta, senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), enfrenta una investigación por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Se le señala de reuniones con contratistas y funcionarios para presuntamente direccionar proyectos en La Guajira, entre ellos la adquisición de maquinaria y fondos destinados a programas sociales.