La Defensoría del Pueblo pidió la creación de un corredor humanitario en la zona rural de Aracataca, Magdalena, tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que han provocado la muerte de un indígena y dejado al menos seis heridos, entre ellos un niño de seis años.
El organismo advirtió sobre los riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado, además de resaltar la suspensión de actividades educativas, la presencia de material bélico y restricciones a la movilidad en el área afectada.
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Los combates, registrados desde el 17 de febrero y recrudecidos el 6 y 7 de marzo en inmediaciones de Cerro Azul, se producen pese a compromisos previos asumidos por ambos grupos armados y el Gobierno nacional en torno al respeto al Derecho Internacional Humanitario.
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En medio de la agudización del conflicto armado en la zona, la Defensoría del Pueblo alertó con énfasis sobre el impacto que han dejado los recientes combates. Así se conció por medio de un comunicado de la entidad difundido el 8 de marzo de 2026.
"Parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente”, precisaron.
Las consecuencias de estos enfrentamientos se extienden más allá de las víctimas directas. El organismo nacional enfatizó que “igualmente, dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad”.
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Además, detalló que actualmente la mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado.
La respuesta estatal ante la crisis también recibió atención específica. La Defensoría del Pueblo instó una vez más: “Insistimos en la exigencia a los dos grupos armados a cesar definitivamente las confrontaciones y permitir la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan”.
Según la entidad, esta solicitud fue transmitida por canales humanitarios de los espacios sociojurídicos mantenidos con los grupos armados, aunque “el autodenominado EGC no ha dado respuesta”.
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Desde la perspectiva de prevención, se hizo referencia a los antecedentes de la crisis: recordó que “estos riesgos que se materializaron habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero”.
Asimismo, puso en valor la labor de las instituciones locales, al afirmar que reconoce “el liderazgo y acción permanente de la Gobernación del Magdalena sobre esta situación”.
El llamado de la Defensoría no se dirige solo a los actores armados, también a los Gobiernos regionales: “Hacemos un llamado a los entes territoriales a desarrollar acciones de alistamiento y activación de los planes de contingencia y mecanismos de articulación y coordinación con la Unidad para las Víctimas, con el fin de atender humanitariamente a las familias ante eventuales desplazamientos masivos o confinamientos”, solicitó la entidad.
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Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso frente a la crisis: “continuará realizando sus gestiones humanitarias y de monitoreo, acompañamiento y seguimiento a esta situación para garantizar los derechos de la población civil afectada por el conflicto armado”.
La situación en la zona rural de Aracataca refleja la persistente vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente al conflicto armado y la insuficiencia de respuestas efectivas ante emergencias humanitarias.
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