Procuraduría investiga presiones y cobros a contratistas de la Ungrd vinculados a un senador familiar de Iván Name

Más de 470 contratistas del Estado en Colombia presentaron una denuncia anónima ante la Procuraduría General de la Nación, en la que señalan presuntas presiones políticas y exigencias económicas por parte de entidades públicas como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en vísperas de las elecciones programadas para el 8 de marzo de 2026.

La denuncia, difundida por Semana, sostiene que los contratistas han sido obligados a participar en actividades políticas y a entregar parte de sus honorarios para financiar campañas, bajo amenaza de no renovar sus contratos.

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Además, se reportan hechos como la recopilación de datos personales para invitar a familiares y allegados a eventos proselitistas y la exigencia de asistencia a reuniones fuera de sus funciones contractuales.

Según lo consignado en el documento, radicado el 27 de febrero, copartido por el medio mencionado, los trabajadores que prestan servicios por contrato en ministerios, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Ungrd afirman enfrentar una “subordinación directa” y la imposición de horarios similares a los de los empleados de planta. Relatan también que, mientras algunos contratistas asumen tareas ajenas a sus funciones, otros se dedican a cumplir roles relacionados con campañas políticas.

De acuerdo con la denuncia formal, existen exigencias económicas sistemáticas supuestamente destinadas al financiamiento de campañas al Senado y a la Cámara de Representantes. Quienes rechazan participar en “volanteo” o en otras actividades de campaña reciben advertencias de una posible terminación anticipada o la no renovación del contrato.

También se documenta el uso obligatorio de una “lista de invitados”, una tabla en la que los contratistas deben consignar datos personales —como nombres completos, cédulas, teléfonos y redes sociales— de allegados, que luego son contactados para asistir a actos proselitistas y apoyar a determinados candidatos. De acuerdo con la denuncia, aquellos que ocupan cargos más altos suelen desentenderse de estas exigencias, trasladando la presión a contratistas con ingresos más bajos, para quienes la continuidad laboral depende exclusivamente del contrato vigente.

El texto dirigido a la Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Fiscalía subraya: “El miedo es real”. El anonimato se presenta como un mecanismo de protección ante el despido y para resguardar la integridad personal y familiar, según el documento conocido por Semana.

Según información obtenida por el medio ya mencionado, hay contratistas de la Ungrd que han manifestado abiertamente su respaldo a Leonidas Name, candidato al Senado por el Frente Amplio de Roy Barreras. Name, sobrino del expresidente del Senado Iván Name, ocupó el cargo de secretario general de la Ungrd desde abril de 2024 y ha consolidado un círculo de colaboradores al interior de la entidad.

Destaca en este entorno la abogada María Daniela Castaño de la Torre, que es contratista de la Ungrd y pareja de Name, según confirmó la dirección de la entidad a Semana.

Además, otros contratistas como Salvador Julio Villa Romero y Eliana Jackeline Álvarez Muñoz, actualmente vinculados a la entidad, han expresado públicamente su apoyo al candidato, tanto en eventos como en redes sociales.

El medio citado verificó publicaciones de Álvarez en las que invita a votar por Name y comparte fotografías junto a él, en ocasiones utilizando material institucional de la Ungrd. Según fuentes sindicales citadas por el medio, estas prácticas han generado inquietud entre los trabajadores, especialmente por el uso de imágenes de funcionarios en propagandas políticas sin su consentimiento.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) manifestó su preocupación al director de la Ungrd por el uso de imágenes institucionales y de afiliados en campañas. En una comunicación dirigida a la entidad, el sindicato solicitó investigar la posible coordinación de actividades proselitistas en el ámbito laboral y recordó que la Ley 996 de 2005 prohíbe que superiores presionen a colaboradores para apoyar campañas políticas.

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, reaccionó tras la radicación de la denuncia habilitando un correo institucional para recibir quejas y subrayando que no se tolerarán presiones de ningún tipo sobre contratistas o funcionarios.

En comunicación interna citada por el medio citado Carrillo declaró que no ha recibido pruebas concretas respecto a las denuncias y defendió la autonomía de los contratistas para participar en actividades políticas fuera de sus funciones definidas: “Un contratista, siempre y cuando cumpla con sus funciones asignadas, en su tiempo libre puede hacer lo que le plazca, incluso ser parte activa de una campaña. Es un derecho”.

Por su parte, el sindicato Sunet reiteró la necesidad de investigar posibles redes de coordinación para tareas de campaña e insistió en que el uso de imágenes institucionales y de funcionarios sin autorización podría vulnerar derechos y normativas vigentes. El gremio también insistió en la prioridad de garantizar confidencialidad y protección a quienes decidan denunciar.

A pesar de los canales internos dispuestos para recibir denuncias, el medio mencionado indicó que la ausencia de respuestas de los principales implicados, como Leonidas Name y María Daniela Castaño, contribuye a una mayor incertidumbre entre los contratistas.