La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) solicitó formalmente abrir un espacio de diálogo técnico con el Gobierno Nacional tras la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece un nuevo impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho, incluyendo a las instituciones privadas de educación superior.
La medida, vigente a partir del 25 de febrero y surgida en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por desastres climáticos en varias regiones del país, busca fortalecer el presupuesto nacional para enfrentar la coyuntura.
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El Decreto 0173 adiciona el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, ampliando la base gravable para el impuesto al patrimonio. La norma afecta a personas jurídicas declarantes de renta y complementarios, incluyendo asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro (Esal), conforme al artículo 19 del Estatuto Tributario.
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Para el caso de las universidades privadas, la Ley 30 de 1992 exige que estas estén constituidas como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro, por lo que también quedan sujetas al nuevo tributo.
El impuesto aplica a instituciones cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $10.474 millones de pesos para 2026. El cálculo del gravamen se hace sobre el patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026, afectando a numerosas instituciones de educación superior privada que cumplen con este umbral.
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Preocupaciones del sector educativo
Desde la promulgación del decreto, rectores y analistas han advertido sobre los posibles efectos estructurales en el sector. Señalan que el patrimonio de las instituciones de educación superior (IES) está comprometido mayoritariamente en activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, clínicas, bibliotecas y hospitales universitarios. Estos bienes no están destinados a la generación de utilidades, sino al cumplimiento de la misión académica y social exigida por ley.
El pago del nuevo impuesto podría provocar tensiones de liquidez y desviar recursos originalmente destinados a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.
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En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones clave, recortes en investigación científica, limitaciones para la contratación docente e incluso afectaciones en programas de bienestar universitario. La preocupación principal es que la medida impacte negativamente la capacidad de las IES privadas para cumplir con su función social y académica.
Llamado al diálogo y propuestas de Aciet
Reconociendo la necesidad de corresponsabilidad fiscal en situaciones de emergencia, la Aciet enfatizó la importancia de preservar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema mixto de educación superior en Colombia.
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La asociación propone analizar el impuesto bajo principios de equidad tributaria, en línea con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector; proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional; y sostenibilidad financiera, para evitar impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso educativo.
Aciet sugirió la creación de un espacio de trabajo técnico con el Gobierno Nacional que permita:
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- Evaluar el impacto fiscal y financiero de la medida en el sector educativo.
- Analizar la viabilidad de tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las IES del Régimen Tributario Especial.
- Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.
El director ejecutivo de Aciet, Lorenzo Portocarrero Sierra, insistió en que el análisis debe ser estructural y no meramente filosófico, dado el papel estratégico de las universidades públicas y privadas en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad nacional.
“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero.
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El gremio reiteró su disposición a contribuir en la búsqueda de soluciones que armonicen la sostenibilidad de las universidades con la responsabilidad fiscal del Estado, enfatizando que la educación es un bien público cuya protección resulta esencial para el futuro de Colombia. Para más información, los interesados pueden consultar www.aciet.org.
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