
El Gobierno nacional formalizó el ajuste salarial para la Policía Nacional correspondiente a 2026, estableciendo nuevos ingresos para todas las jerarquías, desde patrulleros hasta generales, mediante una estructura escalonada que asigna incrementos diferenciados según rango y antigüedad.
El incremento total pactado llega al 7%, compuesto por un IPC de 5,1% y un 1,9% de nivelación, lo que busca reforzar el poder adquisitivo y profesionalizar la carrera policial.
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El propósito oficial es asegurar que ningún integrante devengue por debajo del salario mínimo proyectado de $2.000.000 para el año, con la tabla salarial cerrando la brecha entre los grados operativos y los más altos, según el detalle difundido en el Decreto 615 de 2025.
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En la parte superior de la escala salarial, un general percibirá en 2026 una asignación básica de $30.380.009 mensuales, el monto más alto dentro de la Policía Nacional. Le siguen el coronel, con $15.736.402; el comisario, con $5.191.059; y el capitán, con $3.684.989.

Los subtenientes tendrán un salario base de $2.845.907, mientras los sargentos mayores alcanzan los $3.202.367 y los subintendentes los $3.183.010.
Los patrulleros, base de la pirámide jerárquica, percibirán $2.495.458, cifra que supera ampliamente el salario mínimo legal mensual de $1.750.905 y el subsidio de transporte de $249.095 dispuestos para 2026.
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El decreto establece además que las asignaciones se distribuyen por tramos de antigüedad. Los agentes con menos de cinco años reciben el porcentaje de incremento más bajo, que sube progresivamente hasta llegar a quienes superan los 10 años de servicio.
En el caso de oficiales, el general encabeza la lista con un porcentaje de incremento de 100% respecto a la base de cálculo, seguido por mayor general (96,91%), brigadier general (86,62%), coronel (67,13%) y así sucesivamente hasta el rango de subteniente (28,94%). En suboficiales y el nivel ejecutivo se aplican porcentajes diferenciados, destacando el comisario con un 52,78% y el patrullero con un 25,37%.
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El ingreso mensual que recibe un miembro de la Policía Nacional en 2026 no se limita al sueldo básico. Entre los pagos complementarios se destaca la prima de actividad, equivalente al 49,5% del salario base, que reconoce la prestación activa del servicio y el riesgo inherente a la función policial.
Otros componentes clave incluyen el subsidio de alimentación, fijado en $93.368 mensuales y sujeto a posible revisión, y la bonificación para auxiliares, que en 2026 aumentó un 45,9% como incentivo para la captación de jóvenes en la institución. Los patrulleros y el nivel ejecutivo cuentan con una Prima de Retorno a la Experiencia y un ajuste del Subsidio Familiar, que otorga un 3 % adicional por el primer hijo y 2 % por el segundo.
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Adicionalmente, los uniformados mantienen una bonificación individual de $23.542 para el Seguro de Vida Colectivo, una prestación que resguarda a sus familias ante eventualidades vinculadas al ejercicio de la función.
Para quienes se mantienen largos períodos en la institución, existe también la prima de antigüedad, que varía entre 15% y 18% según los años de servicio, como incentivo a la permanencia y profesionalización.
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El marco legal que regula el ajuste salarial, en particular la Ley 4 de 1992 y el Decreto 615 de 2025, establece que la política de remuneración debe aplicarse a la Fuerza Pública, que agrupa al Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. El diseño escalonado asegura que los funcionarios reciban ingresos de acuerdo a su grado, función, nivel de responsabilidad y antigüedad institucional.
Las bonificaciones familiares, primas de cesantías, seguro médico y facilidades de financiamiento para vivienda completan el sistema de beneficios.
Todos estos componentes son adjudicados con el objetivo de reconocer la importancia y los riesgos asociados a la labor policial, y garantizar que los nuevos ingresos de la Policía Nacional permiten una mejora en la calidad de vida del personal, robusteciendo su motivación y estabilidad profesional.
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La estructura de asignación salarial, aplicada a partir de marzo de 2026, incorpora ajustes periódicos que buscan asegurar que el poder adquisitivo del cuerpo policial se mantenga frente a la inflación y que la institución continúe siendo un destino profesional atractivo en el país.
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