Petro afirmó que el Pacto Histórico no pudo auditar el software de las elecciones: insistió en que el supuesto “fraude electoral” persiste

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que el Pacto Histórico no pudo realizar una auditoría independiente al software utilizado en los procesos de preconteo y escrutinio electoral antes de las elecciones del 8 de marzo.

Según el mandatario, este escenario mantiene vigente un supuesto fraude electoral en los resultados.

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En una publicación difundida en su cuenta oficial de X, Petro sostuvo que “el código de preconteo nadie independiente lo ha auditado técnicamente y es el mismo en lo fundamental que ya produjo el fraude contra el partido Mira en el año 2014 y contra el Pacto Histórico en el año 2022 con 640.000 votos hurtados”.

Además, relacionó estos antecedentes con la participación de la empresa Thomas Greg and Sons, encargada de la tercerización tecnológica de las actividades de preconteo y escrutinio desde 2007.

El presidente señaló que Thomas Greg and Sons ha recibido cerca de “cuatro billones cuatrocientos mil millones de pesos” desde el inicio de su operación en los procesos electorales colombianos, y cuestionó la falta de acceso del Estado al código fuente del software.

Subrayó que ninguna línea de ese código pertenece al Estado colombiano y que hasta la fecha no ha sido objeto de auditorías por parte de expertos independientes.

Petro recordó que una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018 ordenó que el software electoral fuera propiedad estatal y pudiera auditarse técnicamente. A pesar de esa decisión, afirmó que la situación no ha cambiado y que el Pacto Histórico comunicó oficialmente la imposibilidad de auditar el sistema para las elecciones en curso.

El mandatario reiteró que el riesgo de fraude, identificado en los comicios de 2014 y 2022, permanece latente. Según su mensaje, “el riesgo del fraude no solo se volvió real en 2014 y 2022 sino que sigue vigente”.

Para enfrentar este panorama, propuso la vigilancia activa de decenas de miles de testigos electorales y la labor de centenares de abogados durante las comisiones escrutadoras, quienes tendrían la facultad de solicitar la reapertura de mesas en caso de impugnaciones.

Petro enfatizó que, en Colombia, la supervisión del proceso no debe limitarse a la exhibición de actas de votación. Afirmó que es necesario reabrir urnas y realizar un nuevo conteo de votos para garantizar la transparencia. “En Colombia no solo hay que mostrar las actas de votación, hay que reabrir las urnas y contar de nuevo los votos”, publicó el presidente.

El jefe de Estado mencionó que la Policía Nacional ha interceptado diez actos de traslado de dinero presuntamente destinados a la compra de votos, lo que suma un elemento adicional de preocupación en el contexto del proceso electoral.

El presidente Gustavo Petro reiteró el 4 de marzo de 2026 la necesidad de implementar transformaciones profundas en el sistema digital electoral, enfatizando que el software utilizado en los procesos comiciales debe estar bajo control total del Estado y no en manos de empresas privadas.

Esta postura contrasta con recientes declaraciones del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien intentó restar importancia a las preocupaciones planteadas por el mandatario.

La demanda de Petro se conoció en un contexto de desconfianza ciudadana hacia el proceso electoral, marcada por cuestionamientos sobre el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que ordenaba el desarrollo de un sistema estatal para el conteo de votos.

El jefe de Estado advirtió que la falta de acatamiento a este fallo representa un obstáculo para la transparencia y podría derivar en episodios de violencia política tras los resultados de las elecciones del 8 de marzo, en las que se elegirá el nuevo Congreso y se definirán tres candidaturas presidenciales.

En respuesta a las críticas, la Registraduría Nacional informó que el 3 de marzo se realizó el congelamiento del código fuente de los programas que se emplearán en los comicios. El procedimiento, que incluyó la verificación y resguardo del software, contó con la participación de organismos nacionales e internacionales, así como representantes de partidos y autoridades de control.