“Nueva EPS no puede recibir más usuarios”: hospitales y clínicas alertan por millonaria deuda y piden revisar decreto del Gobierno

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma mediante la cual reorganiza la operación de 20 entidades promotoras de salud (EPS) en los 1.102 municipios del país. La medida, adoptada por el Ministerio de Salud, establece en qué territorios podrán seguir funcionando las aseguradoras y en cuáles no, lo que activa el traslado de afiliados hacia las entidades autorizadas para operar en cada zona.

La decisión se basa en un mecanismo diferencial de autorización territorial que, según el Ejecutivo, busca corregir desequilibrios en la prestación del servicio y evitar fallas en la atención en salud. Sin embargo, el nuevo esquema ha generado alertas entre prestadores del sistema, especialmente por el papel que tendrá Nueva EPS dentro de la reorganización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el consolidado oficial conocido municipio por municipio, Nueva EPS es la única entidad que conserva cobertura plena en el país, al quedar autorizada para operar en los 32 departamentos y en los 1.102 municipios. En contraste, otras aseguradoras verán reducido su radio de acción, lo que implica que perderán operación en determinadas zonas y que parte de sus afiliados deberán ser trasladados hacia las entidades habilitadas en cada territorio.

Preocupación por la situación financiera

Ante este escenario, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que expresó su preocupación por el alcance y los efectos que podría tener el decreto en el funcionamiento del sistema.

En el documento, fechado el 2 de marzo de 2026, el gremio señaló que, en condiciones normales de funcionamiento del sistema, una reorganización territorial del aseguramiento podría contribuir a mejorar el acceso de los usuarios y equilibrar la operación del sistema de salud. No obstante, el gremio advierte que el contexto actual es distinto.

Según la carta, actualmente existen 28 EPS habilitadas en el país, de las cuales ocho se encuentran bajo medida de intervención para administrar, dos están en vigilancia especial y otras 18 no tienen medidas especiales con corte a junio de 2025. Sin embargo, solo dos de esas entidades cumplen con los indicadores de permanencia y representan menos del 1% de la población afiliada.

La Achc también indicó que las dificultades del sistema se reflejan en el aumento de peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, así como en el crecimiento de la deuda con la red de prestadores de servicios de salud.

El gremio explicó que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) enfrentan dificultades financieras, "debido a la falta de pago constante y acorde con los servicios que prestan a los usuarios y en algunas ocasiones han tenido que contraer servicios o limitar su capacidad por no contar con los insumos necesarios para una adecuada atención”, señala el documento.

La asociación agregó que, ante la falta de una red prestadora estable, algunos pacientes terminan acudiendo a los servicios de urgencias, los cuales ya presentan altos niveles de demanda y se ven afectados por problemas en los procesos de referencia y contrarreferencia dentro del sistema.

Advertencia por millonaria deuda

Uno de los puntos centrales de la comunicación es la situación financiera de Nueva EPS, entidad que concentra el mayor número de afiliados del país y que actualmente se encuentra bajo medida de intervención para administrar. La Achc señaló que no se conocen los estados financieros recientes de la entidad ni el régimen de inversión de sus reservas técnicas. Además, citó cifras del estudio de cartera del gremio con corte a junio de 2025.

De acuerdo con ese informe, basado en el reporte de 227 prestadores, la cartera total de las EPS en operación asciende a 16 billones de pesos, de los cuales Nueva EPS concentra 6,7 billones de pesos en deuda en ambos regímenes, equivalente al 43,1% del total. El documento también indica que la morosidad asociada a esa cartera alcanza el 60,9%.

A partir de estos datos, la asociación planteó que la entidad enfrenta limitaciones para responder a las obligaciones actuales con la red prestadora y para asumir nuevas responsabilidades derivadas del traslado de afiliados.

“Estas condiciones evidencian que la Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir más población y garantizar el equilibrio y estabilidad de la red de IPS”, advierte la carta enviada al Ministerio de Salud.

En ese sentido, la Achc planteó que la entidad debería avanzar en procesos de capitalización y saneamiento de deuda que permitan acercarla al cumplimiento de los indicadores de permanencia establecidos en el sistema. También propuso ajustar el número de usuarios actuales conforme a su capacidad financiera, operativa y técnica.

Solicitud de medidas para mejorar la liquidez del sistema

En la carta, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reiteró el compromiso de las instituciones prestadoras con la atención de los usuarios y solicitó la intervención del Gobierno nacional para adoptar medidas que permitan enfrentar la situación financiera del sistema.

Entre las acciones mencionadas por el gremio se encuentra el cumplimiento de disposiciones recientes como la circular 015, orientada a equilibrar el giro directo, y la circular 046, que establece incrementos para las IPS conforme al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La asociación también planteó la ampliación del giro directo, la desinversión de las reservas técnicas para el pago de deudas, la reglamentación de una línea de crédito con aval de la Adres y la solución de dificultades relacionadas con reclamaciones del Soat.

Asimismo, mencionó la necesidad de revisar la existencia de glosas injustificadas o devoluciones masivas de cuentas, con el objetivo de promover liquidez inmediata en el sistema de salud.

El documento concluye señalando que los prestadores han realizado esfuerzos para mantener la operación y garantizar la atención a los usuarios, pero advierte que la reorganización prevista en el Decreto 182 podría generar nuevas dificultades si no se adoptan medidas adicionales para estabilizar el funcionamiento del sistema.