
La Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado al Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, para modificar el Decreto 0188 del 27 de febrero que regula las medidas durante las elecciones legislativas de 2026.
En un comunicado oficial, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su preocupación por la exclusión de los funcionarios de la entidad de la excepción en el uso de teléfonos móviles, lo que, según él, pone en riesgo el ejercicio de su labor de vigilancia electoral.
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Eljach, en su misiva dirigida al ministro del Interior, recordó que, a tan solo tres días de las elecciones, el decreto sigue en vigor con su artículo 14, que limita el uso de celulares durante la jornada electoral. En ese sentido, el procurador hizo hincapié en que dicha restricción afecta el cumplimiento de la misión constitucional que le corresponde al Ministerio Público, especialmente en lo relacionado con la supervisión de los procesos electorales.

La solicitud de la Procuraduría se basa en que los funcionarios de la entidad desempeñan un rol esencial en la vigilancia de los comicios y en el aseguramiento de que estos se desarrollen de manera transparente y conforme a la ley. Según el texto del comunicado, “la limitación de uso de celulares por parte de los servidores del Ministerio Público, en este caso, se constituye en una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia que constitucionalmente nos corresponde”.
El procurador destacó que la función de supervisión y control que realiza la Procuraduría debe llevarse a cabo sin impedimentos, ya que los funcionarios del Ministerio Público necesitan poder comunicarse de manera eficiente durante la jornada electoral.
“No se trata solo de una cuestión de eficiencia, sino de la garantía de que el proceso se realice con la debida transparencia y conforme a los principios democráticos que nos rigen”, puntualizó Eljach en su carta.
En la misiva, Eljach también solicitó que, a la mayor brevedad posible, se realicen los ajustes necesarios en el decreto, con el fin de que la Procuraduría pueda seguir cumpliendo con sus funciones sin restricciones que considere innecesarias y perjudiciales para el cumplimiento de sus competencias.
A lo largo del comunicado, se nota un tono de urgencia por parte de la Procuraduría, dado que las elecciones se llevarán a cabo el 8 de marzo. Esta situación provocó una serie de inquietudes entre los funcionarios de la entidad, que consideran que la prohibición de uso de teléfonos podría obstaculizar su capacidad de respuesta ante cualquier irregularidad que se pueda presentar en los comicios.
Polémica por restricciones de uso de celulares en elecciones 2026
El Decreto 0188 de 2026 provocó controversia debido a un cambio en la redacción sobre el uso de celulares durante la jornada electoral. Mientras que en años anteriores la prohibición solo afectaba a los ciudadanos, en 2026 se amplía a funcionarios de organismos de control, como la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías.
Según el articulado, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se prohíbe el uso de celulares en los puestos de votación, incluidos los funcionarios encargados de la vigilancia.

Lo que desató la polémica es que, a diferencia de elecciones pasadas, los funcionarios de la Procuraduría y otros organismos de control ahora tienen restricciones para usar sus dispositivos, incluso cuando esto podría ser esencial para reportar irregularidades en tiempo real.
El decreto solo permite el uso de celulares por parte de estos funcionarios si son “propios de su competencia” o con una autorización específica, lo que fue interpretado como una limitación grave de su capacidad para cumplir con su labor.
Una de las disposiciones más destacadas en el decreto es la ley seca, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 m. del lunes 9 de marzo, afectando directamente las celebraciones y actividades sociales del fin de semana electoral.

Otra medida relevante es el cierre de fronteras, que estará en vigor desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes, con el objetivo de evitar irregularidades migratorias durante las elecciones. Además, el decreto establece restricciones estrictas sobre la propaganda electoral, prohibiendo la entrega de volantes y el uso de elementos como camisetas o gorras promocionales cerca de los puestos de votación, mientras que los votantes podrán llevar un pequeño papel como ayuda de memoria.
De igual manera, la medida del Ministerio del Interior regula las reuniones políticas, que solo podrán llevarse a cabo en recintos cerrados durante la semana previa a las elecciones, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.
También se detallan las condiciones para el acompañamiento al votante, lo que permite solo a personas con limitaciones físicas o mayores de 80 años ser acompañadas en el proceso de votación, siempre garantizando el secreto del voto. Los puestos de votación abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., y se recuerda que el cargo de jurado es de aceptación obligatoria, con sanciones por inasistencia.
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