La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) emitió un comunicado respondiendo a denuncias públicas relacionadas con el sistema de brazaletes electrónicos para personas privadas de la libertad (PPL).
En el documento, la entidad sostuvo que no existen fallas estructurales ni afectaciones sistémicas en el funcionamiento del mecanismo de vigilancia electrónica y explicó que las incidencias registradas obedecen a situaciones operativas específicas.
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En el comunicado, la entidad indicó que “el sistema de brazaletes electrónicos para Personas Privadas de la Libertad (PPL) no presenta fallas estructurales ni afectación sistémica. Las desconexiones registradas obedecen principalmente a daños intencionales de los privados de la libertad a los dispositivos o a interferencias ambientales, no a negligencia institucional”.
Asimismo, precisó que el servicio cumple con su finalidad contractual al generar alertas automáticas por vandalismo, transgresión de geocercas o desconexiones, las cuales son remitidas a los jueces competentes; y reiteró que la decisión de asignar, mantener o revocar el beneficio de vigilancia electrónica corresponde exclusivamente a los jueces de ejecución de penas.
En relación con casos mencionados públicamente, la entidad se refirió a Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, sobre quien indicó que el sistema permitió el seguimiento permanente, la documentación de alertas y el reporte a las autoridades judiciales, que posteriormente revocaron la medida. Frente a Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, afirmó que no ha sido beneficiario de brazalete electrónico; y en cuanto a Jesús David Sánchez Calderón, señaló que el monitoreo permitió la elaboración de más de 60 informes al juez por parte del Centro de Reclusión Virtual (Cervi Inpec).
La Uspec también explicó que el monitoreo cuenta con puntos de control permanentes a través del Cervi Inpec, la interventoría integral contratada bajo principios de idoneidad y transparencia y la propia entidad. Indicó que el seguimiento se realiza en articulación con autoridades judiciales, la Policía Nacional —para perfiles diferenciales— y entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
En el mismo pronunciamiento, sostuvo que no ha favorecido al contratista y que el seguimiento es “estricto y permanente”, con verificación continua para garantizar el monitoreo ininterrumpido de las PPL. Además, aclaró que la naturaleza del servicio contratado es de carácter persuasivo y no coercitivo, por lo que los dispositivos no son indestructibles frente a actos de vandalismo violento e intencional.
Sobre el contrato vigente, la entidad informó que el servicio se presta mediante el contrato USPEC-CTO-357-2023, adjudicado a través de licitación pública. Según el comunicado, el proceso fue abierto y transparente, con cuatro proponentes habilitados, y la selección recayó en la Unión Temporal Efectiva por obtener la mayor puntuación.
El contrato cuenta con interventoría integral mediante contrato y ambos se encuentran vigentes hasta el 31 de julio de 2026, con un plazo inicial de 20 meses y prórrogas sucesivas que, de acuerdo con la entidad, no han superado el 50% del límite legal de adición de recursos.
La Uspec indicó además que adelanta la estructuración precontractual de un nuevo proceso de selección, con el fin de establecer mecanismos para el pago del brazalete electrónico por parte de las personas privadas de la libertad, salvo los casos en que el Estado deba subsidiarlo.
El comunicado de la Uspec se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, abriera el 4 de marzo una indagación previa contra funcionarios por determinar de la entidad. La decisión busca esclarecer presuntas faltas disciplinarias relacionadas con el contrato de brazaletes electrónicos adjudicado a la Unión Temporal Efectiva.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables y verificar supuestas irregularidades, incluida la eventual manipulación de informes, con el fin de determinar si los hechos configuran faltas disciplinarias.
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