
El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer el miércoles 4 de marzo de 2026 un fuerte llamado para que se adelanten cambios estructurales en el sistema digital electoral, al insistir en que el software utilizado en los comicios debe ser propiedad y control exclusivo del Estado, y no de empresas privadas. Con ello, le salió al paso a las declaraciones del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que buscó desestimar los recientes señalamientos hechos por el jefe de Estado.
La exigencia del primer mandatario de los colombianos, que se formalizó a través de su perfil en X, en el que es seguido por 8,2 millones de seguidores, se conoció en medio de una crisis de confianza sobre el proceso electoral que involucra señalamientos de incumplimiento de una sentencia judicial y advertencias sobre posibles riesgos de fraude. En específico, un viejo fallo del Consejo de Estado, que instó a crear un sistema estatal para llevar a cabo el escrutinio.
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En su mensaje, Petro sostuvo que el incumplimiento de la orden del alto tribunal constituye una vulneración persistente y un factor clave para alejar la transparencia del sistema. En ese sentido, el gobernante advirtió que la situación podría desencadenar casos de violencia política frente a los resultados que se emitan en la jornada del 8 de marzo, cuando se efectúe la elección del nuevo Congreso y se conozcan los nombres de tres candidatos presidenciales.
“El software debe ser del Estado y desde el Estado y las auditorías técnicas independientes al Estado son fundamentales para la transparencia democrática. El fraude es el que lleva a la violencia. Alejemos ese peligro de Colombia”, expresó el presidente, que con ello insistió en sus denuncias sobre una “razón desconocida” por la cual la Registraduría mantiene vínculos con proveedores privados como Thomas Greg and Sons, en vez de acatar la decisión.
De esta manera, Petro le respondió a Penagos, que durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral celebrada en Bogotá pidió moderación con las críticas al sistema de software electoral. “No lleguemos a extremos que terminen matando gente por eso, que terminen asesinando personas. No, no, no. Llevémoslo a las justas proporciones. Si hay que hacer, doctora Lily, y se lo digo aquí de una vez: auditoría forense está autorizada”, destacó el presidente.

El registrador propuso adelantar una auditoría forense integral sobre los programas de preconteo y escrutinio, tras recibir las inquietudes. Y detalló que la revisión comenzaría la siguiente semana “sin problema”, una vez iniciado el escrutinio electoral. “Hacemos auditoría forense a los software para avanzar”, expresó Penagos, que aseguró que garantizar transparencia y confianza es la prioridad de la entidad en este periodo de elecciones.
Fuerte cuestionamiento a la continuidad de proveedores privados
Y es que las diferencias entre Petro y el registrador radican en la insistencia del mandatario de señalar el contrato de la Registraduría con compañías como Thomas Greg and Sons y la Unión Temporal Disproel, así como en la opacidad, según agregó en sus denuncias, respecto al acceso público al código fuente utilizado para el escrutinio. Así pues, resaltó que la omisión en el desarrollo y uso de software estatal desobedece una orden judicial que sigue sin cumplirse.
A su vez, las advertencias de Petro sobre propiedad y auditoría del software electoral cobran relevancia al involucrar hechos documentados en elecciones precedentes. El mandatario denunció cómo en los comicios de 2022, el sistema permitió la aparición de “mesas fantasma” y errores identificados como irregularidades recurrentes. Además, sostuvo que la falta de publicación completa del código fuente disminuye la capacidad para la verificación externa.
En medio de las críticas de Petro, la Registraduría Nacional informó que, la noche del martes 3 de marzo, se llevó a cabo el congelamiento del código fuente de los software que se emplearán en las elecciones de la semana previa al 8 de marzo. Este proceso contó con la presencia de la Procuraduría General, la Contraloría, auditores de partidos y miembros de organismos internacionales como la OEA y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE).
La secuencia del procedimiento incluyó la identificación de servidores, copia y registro hash de los códigos y ejecutables, compresión y bloqueo con contraseña multiinstitucional, y posterior sellado y custodia del soporte magnético. “El próximo domingo, a las 4:00 p. m., cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información”, remarcó.
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