Ni un menor entregado: Icbf confirmó que el Clan del Golfo no ha cumplido el punto más sensible de la mesa con el Gobierno

A pesar de que uno de los compromisos centrales en la mesa con el Gobierno era la entrega de menores reclutados, hasta hoy ningún niño o adolescente fue recibido por el Estado proveniente del Clan del Golfo. La ausencia de resultados concretos en este punto mantiene abierto uno de los interrogantes más sensibles del proceso.

Así lo confirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras una consulta formal que elevó la senadora y aspirante nuevamente al Congreso Angélica Lozano. La congresista preguntó de manera expresa si, en medio de los acercamientos con esa estructura armada, se había activado la ruta de restablecimiento de derechos por la entrega de menores de edad, tal como se anunció en su momento.

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La respuesta fue directa. “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF no ha recibido adolescentes provenientes del grupo armado Clan del Golfo, producto de una entrega o desvinculación en el marco de un proceso de paz o sometimiento”, señaló la entidad. La aclaración llegó por escrito y despejó cualquier duda sobre eventuales traslados recientes.

El pronunciamiento puso el foco sobre uno de los puntos más sensibles del proceso que el Gobierno de Gustavo Petro abrió en septiembre de 2025 bajo la política de paz total. En Doha comenzó entonces una mesa de negociación con esa organización armada, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en la que el tema de los menores fue presentado como una prioridad inaplazable.

De hecho, la entrega de niños y jóvenes menores de 18 años reclutados de manera forzada fue la condición central planteada por el Estado para avanzar. El Gobierno, a cambio, adoptó varias decisiones que facilitaron la instalación de la mesa: suspendió órdenes de captura y de extradición contra los principales cabecillas, asignó esquemas de seguridad financiados con recursos públicos y delimitó zonas de ubicación en departamentos como Córdoba y Chocó, medidas que generaron debate político.

En ese contexto, quedó consignado el siguiente compromiso: “Definimos que los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) son el primer piso para la construcción de la paz. Por tanto, el grupo armado reitera su compromiso de respetar sus derechos. No obstante, el grupo hará un nuevo censo al interior de sus integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para el restablecimiento de sus derechos. El Gobierno Nacional, a través del Icbf, liderará un plan de articulación para la superación del déficit de derechos y entornos seguros.” Ese apartado fue presentado como un gesto de voluntad.

Sin embargo, ese escenario aún no se materializa. El Icbf recordó que cada vez que un niño, niña o adolescente se desvincula de un grupo armado activa de inmediato las medidas de protección y atención integral previstas por la ley. Pero, en este caso específico, dejó constancia de que no ha recibido menores provenientes del Clan del Golfo como resultado de una entrega como parte de la negociación ni por canales formales asociados a ese proceso.

La discusión no es menor. Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en septiembre de 2025, entre enero y agosto de ese año se documentaron 88 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país, una cifra que evidencia la persistencia del fenómeno. De esos, 21 fueron atribuidos al Clan del Golfo.

Las cifras reflejan que el reclutamiento sigue siendo una práctica vigente en varios territorios, especialmente en zonas con débil presencia institucional. Y, mientras los diálogos avanzan en el plano político y diplomático, la ausencia de entregas concretas de menores se convierte en un punto de presión sobre la credibilidad del proceso y sobre la promesa de que la niñez sería, como se dijo en la mesa, el “primer piso” de la paz.