Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no haberse retractado de declaraciones en las que llamó “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud, según información obtenida por Blu Radio. La decisión judicial se produce tras considerar que el mandatario no ha cumplido una orden previa que le exigía retractarse y ofrecer excusas públicas.
El caso se originó por una serie de declaraciones realizadas por el presidente en intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, en las que señaló al exdirectivo de haber provocado un fuerte incremento en la deuda de la EPS y de haber participado en presuntas irregularidades financieras.
Las afirmaciones fueron cuestionadas judicialmente por González Montaño, quien solicitó la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra, lo que derivó en decisiones judiciales que ordenaron al jefe de Estado retractarse públicamente, de acuerdo con ese medio de comunicación.
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El nuevo incidente de desacato se produce luego de que el presidente no hubiera dado cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2025.
En esa decisión, el tribunal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al mandatario retractarse públicamente de las declaraciones realizadas contra el exgerente de la EPS Coosalud.
La sentencia estableció que la retractación debía realizarse en un plazo de cinco días y en el mismo formato en el que se hicieron las afirmaciones.
Esto significa que el presidente debía publicar un mensaje en la red social X y realizar una intervención pública en la que ofreciera excusas al demandante.
Además, el tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse de emitir nuevas afirmaciones que pudieran vulnerar los derechos del exdirectivo de la EPS.
Sin embargo, según el juzgado que lleva el proceso, hasta el momento no existe evidencia de que el presidente haya cumplido la orden judicial.
El nuevo requerimiento judicial se suma a otros llamados realizados por el despacho para que el mandatario informe qué acciones ha tomado para acatar la decisión.
Uno de esos requerimientos fue emitido el 26 de enero de 2026, cuando el juzgado otorgó un plazo de 48 horas para que el presidente explicara si había cumplido la orden de retractación o si había retirado las publicaciones realizadas en redes sociales.
No obstante, de acuerdo con lo señalado por el juzgado, no se presentó una respuesta que demostrara el cumplimiento del fallo.
El incidente de desacato se da en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente sobre la gestión del exgerente de Coosalud.
En diferentes intervenciones y publicaciones, el mandatario cuestionó la administración de la EPS y afirmó que durante la gestión de González Montaño la deuda de la entidad se incrementó de forma significativa.
Los mensajes del presidente señalan que la deuda de la EPS habría aumentado considerablemente en un periodo cercano a un año.
Según esas declaraciones, el incremento alcanzó cerca de 2.600 millones de pesos en 2024, situación que el mandatario relacionó con posibles irregularidades en el manejo de los recursos.
En una de sus afirmaciones públicas, el presidente sostuvo que este aumento en la deuda evidenciaba que “se robaron la plata”, expresión que posteriormente fue cuestionada por el exdirectivo de la EPS.
En sus pronunciamientos, el mandatario también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud de permitir presuntas irregularidades dentro de la entidad.
Entre las acusaciones mencionó el supuesto direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior y la aprobación de préstamos personales al exgerente por montos superiores a 220.000 millones de pesos.
Estas afirmaciones motivaron la acción judicial presentada por González Montaño, quien solicitó la intervención de la justicia para proteger sus derechos al buen nombre y a la reputación.
El proceso derivó en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la retractación del presidente.
Desde entonces, el caso ha continuado en los despachos judiciales debido a la falta de cumplimiento de la orden.
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