Seis congresistas serían llamados a juicio por escándalo de la Ungrd: estas son las pruebas que analiza la Corte Suprema de Justicia

Las acusaciones de corrupción vinculadas con el presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) alcanzan este miércoles 4 de marzo de 2026 un punto decisivo: la Corte Suprema de Justicia deliberará sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que podría llevar a juicio penal a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.

El avance de la investigación tiene como eje nuevas pruebas, incluidas interceptaciones a teléfonos y el testimonio de una colaboradora clave, en un contexto donde varias figuras del círculo presidencial han huido de la justicia.

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Para avanzar en el caso, fueron determinantes las llamadas y los mensajes de texto extraídos del celular de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de aportar detalles sobre el mecanismo ilegal de cooptación de votos legislativos.

En un expediente de 500 páginas, al que accedió El Tiempo, figuran chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, además de conversaciones con altos funcionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.

Estas comunicaciones permitieron reconstruir dos reuniones clave: un desayuno el 4 de octubre de 2025, donde se habría presentado la propuesta irregular, y otro encuentro el 31 de octubre, en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.

Entre las pruebas decisivas que ahora evalúa la Corte destacan las interceptaciones telefónicas practicadas en el último trimestre de 2024 a distintos investigados. En particular, esas grabaciones mostrarían cómo los congresistas gestionaban recursos estatales para sus regiones a cambio de apoyar en el Congreso de la República los proyectos prioritarios del Gobierno nacional.

El avance y profundidad de la investigación modificaron el rumbo del proceso. En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez ya había presentado una ponencia solicitando la detención preventiva de los cinco congresistas. En esa oportunidad, la medida fue rechazada y ellos continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias en libertad.

El expediente contiene múltiples declaraciones de exfuncionarios de alto rango. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, actualmente en prisión por su vinculación en este entramado, aportó que en un Consejo de Ministros se impartió una directriz para que cada integrante de esa mesa “adoptara” a un congresista, a fin de orientar su voto a favor del Ejecutivo. Ortiz aseguró que la directiva fue pronunciada por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, relató ante el alto tribunal que denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla, también encarcelado por este escándalo, e informó de la situación al presidente Gustavo Petro, que, en palabras de Reyes, “nunca se inmutó”.

Reyes responsabilizó a Andrea Carolina Riveros de instrumentar la mecánica para la desviación de recursos: “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó el ex titular de la cartera.

Funcionarios en fuga y el peso de las pruebas digitales

El expediente judicial también incluye a dos exfuncionarios de alto perfil del gobierno, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Carlos Manrique, exdirector de Función Pública, que permanecen prófugos.

Además, recoge los testimonios del propio Bonilla y del exviceministro Guevara, que afirmó no recordar reuniones con los congresistas, aunque registros oficiales lo ubican en encuentros con legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En la ponencia que presionó la detención de los parlamentarios, la Corte resume el método probado a través de las pruebas digitales:

“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”.

El documento concluye que “en esta reunión informal, una vez más, se trataron asuntos extraoficiales de la CICP, probablemente vinculados a la negociación que se había estructurado con anterioridad entre algunos de sus integrantes y el ministro de Hacienda”.