Human Rights Watch lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella tras abusos documentados en cooperación entre Estados Unidos y Ecuador

Human Rights Watch (HRW) advirtió que los abusos documentados durante operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador no deberían repetirse en Colombia si el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella decide ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La organización señaló que cualquier fortalecimiento de esa relación debe estar acompañado de reglas claras, mecanismos de supervisión y garantías que aseguren el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional.

La advertencia fue formulada por Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación en Washington del informe Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. En ese documento, la organización expone casos ocurridos entre enero y marzo de 2026 en los que asegura haber encontrado indicios de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ataques contra civiles durante operaciones relacionadas con la cooperación entre ambos países.

El llamado de HRW ante una mayor cooperación con Estados Unidos

El pronunciamiento adquiere relevancia para Colombia debido a que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que uno de los ejes de su política exterior será reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos y profundizar la cooperación en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

“Toda colaboración en materia de seguridad tiene que basarse en reglas claras”, sostuvo Goebertus, al señalar que esos acuerdos deberían fortalecer la administración de justicia, la investigación forense y la persecución penal, además de incorporar salvaguardas que, según indicó, han estado ausentes en algunos modelos recientes de cooperación.

Según explicó, uno de los principales riesgos surge cuando personas señaladas de pertenecer a organizaciones dedicadas al narcotráfico son tratadas como combatientes de una guerra y no como sospechosos que deben ser capturados, investigados y procesados por la justicia ordinaria.

De acuerdo con Goebertus, ese enfoque puede abrir la puerta al empleo de bombardeos, ataques con drones u otras herramientas militares contra personas que no participan en un conflicto armado, lo que podría representar una violación del derecho internacional.

Asimismo, sostuvo que los gobiernos latinoamericanos que suministren información utilizada posteriormente en operaciones ilegales podrían asumir responsabilidades internacionales por esos hechos.

“Cualquier país latinoamericano que entregue información de inteligencia es copartícipe y podría enfrentar acciones internacionales por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales”, afirmó.

Riesgos de tratar al crimen organizado como parte de un conflicto armado

Durante la presentación del informe, Human Rights Watch también llamó la atención sobre los riesgos de clasificar automáticamente a las organizaciones criminales como actores de un conflicto armado. Aunque reconoció que Colombia enfrenta estructuras con capacidad militar, control territorial y acceso a armamento de alto poder, Goebertus afirmó que esas características no implican que todas las operaciones contra estos grupos deban desarrollarse bajo las reglas de la guerra.

“Abordar a los grupos del crimen organizado como si fueran partes del conflicto armado no solo resulta ineficaz para debilitarlos, sino que también puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos muy graves y severas”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la cooperación internacional debería orientarse al fortalecimiento de las fiscalías, la capacidad investigativa de las autoridades, la persecución de las finanzas ilícitas y el procesamiento judicial de los responsables, en lugar de privilegiar respuestas de carácter militar.

Goebertus también hizo una comparación con la cooperación que existió durante el denominado Plan Colombia. Indicó que, aunque ese programa recibió cuestionamientos relacionados con derechos humanos, actualmente existe una preocupación adicional asociada al debilitamiento de los mecanismos de control dentro del propio gobierno estadounidense. “El vaciamiento de las garantías por parte del Gobierno de EE. UU. y del ejército estadounidense en posibles operaciones conjuntas es algo nuevo y un motivo de grave preocupación”, afirmó.

Para Juanita Goebertus, los casos documentados en Ecuador constituyen un precedente que Colombia debería tener en cuenta antes de definir las condiciones de una cooperación más estrecha con Estados Unidos.

Según reiteró, el debate no debe centrarse únicamente en si existe o no colaboración en materia de seguridad, sino en las reglas, los límites y las garantías jurídicas que acompañarán esa cooperación para evitar que el país participe en operaciones contrarias al derecho internacional.