Emiro Rojas Granados, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se entregó a las autoridades para cumplir una condena de 14 años por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.
Según información revelada por El Espectador, el exfuncionario acudió ante la fuerza pública el 23 de febrero en Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara en octubre de 2025 la condena en cuestión, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de justicia frente a crímenes cometidos desde el desaparecido organismo de seguridad colombiano.
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Además de Rojas, el caso también vincula al exdetective Néstor Pachón Bermúdez, que aún se encuentra prófugo de la justicia.
Cronología de los hechos
Los expedientes judiciales demuestran que desde inicios de la década del 2000, Rojas Granados formó parte del denominado grupo G-3, una estructura clandestina interna del DAS.
Según la investigación oficial, el grupo vigilaba, hostigaba y amenazaba a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, utilizando seguimientos y presiones psicológicas.
Uno de los hechos probados corresponde al 23 de julio de 2001, cuando la periodista colombiana fue secuestrada y escuchó la advertencia: “eso le pasaba por querer desenterrar a los muertos, por querer sacar la basura de su lugar”, según declaraciones citadas por El Tiempo.
Ese mismo día, Duque detectó taxis con placas falsas y presencia constante de vehículos vinculados al DAS cerca de su residencia.
Tras el secuestro, la vigilancia se intensificó sobre la periodista y su familia. Los responsables inspeccionaban la ruta escolar de su hija y realizaron actos intimidatorios que incluyeron pintadas amenazantes y la entrega de objetos en estado de descomposición.
Estos actos la llevaron a exiliarse por primera vez ese mismo año y motivaron al juzgado a calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, en tanto se desarrollaron bajo una política sistemática para silenciar voces críticas e impedir la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte Suprema calificó estos hechos como parte de una política estatal destinada a acallar el periodismo investigativo y obstaculizar indagaciones sobre crímenes relevantes, especialmente el asesinato de Jaime Garzón.
Confirmación de la sentencia
La condena contra Emiro Rojas Granados implica una pena de 14,5 años de prisión, tomada en relación con su paso como subdirector del DAS entre 2002 y 2005, período en el que integró y coordinó la estructura ilegal.
La pena quedó respaldada en octubre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias de primera y segunda instancia.
El alto tribunal confirmó la responsabilidad tanto de Rojas Granados como de Pachón Bermúdez en la tortura psicológica ejecutada de manera sistemática durante varios años contra Claudia Julieta Duque.
Este hostigamiento se interpretó como represalia directa por las indagaciones de la comunicadora sobre el homicidio de Garzón en Bogotá, ocurrido a finales de la década de los 90’s.
Aunque Rojas está bajo custodia, su ubicación carcelaria aún no figura en los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que genera interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de la condena, según lo expresado por la comunicadora en su cuenta de X.
Situación judicial de Néstor Pachón Bermúdez
Por otra parte, el exdetective Néstor Pachón Bermúdez fue condenado a 12 años de prisión por haber ejecutado seguimientos y hostigamientos contra Duque, pero permanece prófugo de la justicia.
Según la investigación, Pachón era quien conducía el taxi de placas SHH-348, propiedad de la extinta entidad de seguridad, y vigilaba a la periodista siguiendo instrucciones jerárquicas dentro de la institución.
Durante el periodo en que Rojas fue subdirector general del DAS, Pachón estaba asignado a la Dirección General de Inteligencia.
Las investigaciones determinaron la existencia de una estructura jerárquica que garantizaba la impunidad para quienes ejercían represión contra periodistas y defensores sociales. El caso de Pachón simboliza el reto que enfrenta la justicia colombiana frente a estos crímenes.
Tanto la investigación como la sentencia asociadas a este caso, según reporta El Espectador, han sido consideradas hitos en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas en Colombia en el marco del conflicto y la represión estatal.
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