Un documento interno de la Industria Militar de Colombia (Indumil) plantea ante la una eventual modificación en la política de precios y acceso a armas de fuego en el país.
La carta estaría destinada al general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana, firmada por el presidente de la entidad, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, que reconoció la necesidad de facilitar el acceso a armas mediante una mejora en la asequibilidad.
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De acuerdo con lo que publicó el medio, la medida, cuyo asunto es un “ajuste en la política de precios de las armas de la defensa nacional por parte de Indumil”, comenzaría a regir desde el lunes 2 de marzo de 2026, y buscaría reducir de manera significativa el costo de pistolas y escopetas para los ciudadanos, en respuesta a una “creciente necesidad de defensa personal” y a la demanda ciudadana, de acuerdo con el recurso documental obtenido y revelado por la revista Semana.
“A partir del lunes 02 de marzo de 2026, la nueva política sustituye ese modelo de beneficios limitados por una estructura de precios más bajos, homogéneos y estandarizados para todos los clientes de defensa personal. Esta medida se fundamenta en la optimización de los márgenes de utilidad de la empresa, asegurando mayor equidad, transparencia y acceso en el mercado”, se leyó en el documento.
En medio de las metas, también está el control de precios de las armas para los integrantes de la Fuerza Pública del país, con una aplicación del descuento que tienen las instituciones.
“El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el compromiso institucional con la defensa personal responsable, el fomento del porte deportivo y el acceso equitativo de los ciudadanos a medios de protección regulados, mediante la implementación de un esquema comercial más eficiente, transparente y sostenible. Adicionalmente, este esquema garantizará precios más favorables para los miembros de la Fuerza Pública, quienes anteriormente accedían a las armas con un descuento del 20%“, consta en la carta.
Descuentos señalados para algunas armas
El texto detalló que los descuentos en armas nacionales oscilarían entre 1,5 millones y 4,5 millones de pesos, según el tipo de arma. Por ejemplo, la pistola Córdova compacta bajará de 7.022.509 a 5.525.520 de pesos, mientras que la versión estándar reducirá su precio de 8.063.748 a 5.471.400 de pesos, de acuerdo con lo publicado.
Las armas importadas también tendrán rebajas importantes. La pistola Smith & Wesson pasaría de 8.912.244 a 5.402.760 de pesos, mientras que la pistola Glock 19 descenderá de 12.640.980 a 6.535.320 de pesos. La pistola Beretta, que tenía un precio de 11.692.296 de pesos, contará con un descuento cercano a los 4,5 millones de pesos.
En el documento figuró que uno de los pilares de la nueva política es la estandarización de descuentos y precios, con el objetivo de mejorar la transparencia, la trazabilidad y la experiencia del usuario al integrar estos valores en plataformas digitales. Además, desde Indumil se señaló que la industria se ha visto afectada por una estructura de precios elevada, que han generado distorsiones en el mercado y desincentivado la competitividad.
La revelación de Semana también mencionó que, en casos recientes, la fuerza pública ha encontrado municiones de Indumil en poder de organizaciones armadas ilegales, como ocurrió en una fábrica de explosivos del ELN descubierta en el sur de Bogotá.
La nueva política de Indumil, según el documento, buscaría garantizar un acceso equitativo y responsable a medios de protección regulados, fortaleciendo los controles, la eficiencia y la transparencia en los procesos de venta.
Gobierno colombiano extendió prohibición para porte de armas de fuego
El Gobierno colombiano anunció el 1 de enero de 2026 que mantendrá la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego hasta el 31 de diciembre de 2026, tras la firma del Decreto 1482 por parte del presidente Gustavo Petro.
La medida, que rige desde el 1 de enero, fue oficializada en una publicación del Ministerio de Defensa y busca preservar el orden público en todo el territorio nacional.
El decreto, refrendado también por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, fundamenta la prórroga en lo dispuesto por el Decreto 2362 de 2018 y las facultades constitucionales del Presidente para regular la seguridad interna. Su vigencia es inmediata desde su publicación y de aplicación obligatoria a escala nacional.
Durante años, el debate sobre el porte de armas ha persistido en Colombia. Propuestas recientes, como la eliminación de la figura de porte especial impulsada por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez, permitirían que personas sin antecedentes penales ni psiquiátricos obtuvieran armas para defensa personal, pero estas iniciativas no han avanzado en el Congreso.
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