La polémica por la supuesta utilización de recursos públicos en actividades proselitistas del Pacto Histórico escaló en Colombia tras las denuncias de la senadora Paloma Valencia.
La también candidata presidencial advirtió que la infraestructura empleada en el acto de cierre de campaña del movimiento gobernante en la plaza de Bolívar de Bogotá coincidió con la desplegada horas antes en un evento oficial del Ministerio de Salud, lo que motivó su solicitud de una investigación urgente ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
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“@CGR_Colombia y @PGN_COL deben investigar esto con urgencia. El país con la deuda más alta de la historia, la salud sin recursos para pagar medicamentos y el Ministerio presuntamente montando la logística para el cierre de campaña del Pacto”, publicó Valencia a través de su cuenta en X.
El fondo de la controversia incluye cifras millonarias. Conforme a datos difundidos por el Ministerio de Salud, la inversión en 51 ambulancias presentada en la jornada oficial ascendió a $13.621 millones, destinadas a 50 municipios en 14 departamentos.
A esto se suma el programa de Equipos Básicos de Salud (EBS), con una asignación presupuestaria de $6,87 billones y una cobertura oficial superior a nueve millones de hogares.
Sin embargo, de acuerdo con la información hasta julio de 2025 solo se habían ejecutado $1,4 billones de los fondos anunciados por el ministerio, en un contexto donde la herramienta digital Pisis—clave para el seguimiento presupuestal—dejó de estar a disposición pública ese mismo mes.
Durante el evento gubernamental “Defender la salud es defender a Colombia”, realizado el jueves 26 de febrero en la plaza de Bolívar, el Ministerio de Salud presentó la nueva flota de ambulancias, instaló una tarima e incluyó el desfile de los Equipos Básicos de Salud, con la presencia de funcionarios y del propio presidente Gustavo Petro acompañado del ministro de Salud Guillermo Jaramillo.
En el evento, Petro defendió la reorientación del modelo sanitario hacia la prevención y la atención directa en las regiones. Jaramillo, por su parte, afirmó: “Lo que estamos haciendo es corregir un modelo que desviaba los recursos. Queremos que la plata llegue al territorio, a los hospitales, a la gente”.
Sin embargo, al día siguiente, el mismo montaje fue empleado para el cierre de campaña denominado Pacto Fest, encabezado por los candidatos y referentes del Pacto Histórico. Asistieron agrupaciones ciudadanas y artistas vinculados al oficialismo, lo que llevó a Valencia a preguntar públicamente si “¿el Gobierno Nacional pagó la logística del cierre de campaña del Pacto Histórico en Bogotá? ¿Minsalud está usando recursos del sistema para la campaña del Pacto?”.
Así mismo, la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia añadió: “Ayer se inventaron un evento de MinSalud para hablar de la reforma. El montaje de la tarima y las vallas duró toda la semana y milagrosamente la misma tarima la usa hoy el Pacto para su cierre de campaña”.
“¿Quién pagó esa logística? ¿Minsalud está usando recursos del sistema para la campaña del Pacto?“, agregó.
Las dudas sobre el despliegue presupuestal y la verdadera cobertura del programa EBS han sido recogidas por expertos como Johnattan García, de la Universidad de Harvard, que reportó, inconsistencias entre las cifras oficiales y la operación real en territorios como La Guajira, Antioquia, Chocó y Magdalena. Esto agrega presión sobre el Gobierno, ya comprometido en la defensa pública de su reforma sanitaria.
La celebración partidaria tuvo lugar en un contexto de agitación política. La reforma al sistema de salud propuesta por el Ejecutivo permanece bloqueada en el Congreso, mientras el Estado intervino recientemente ocho EPS que afiliaban a más de 22 millones de personas.
Críticas como la de Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, apuntan a que estas decisiones vulneran la libertad de elección de los usuarios. Frente a este clima de confrontación, el Gobierno asoció las denuncias a “narrativas” opositoras, mientras Valencia reiteró su pedido a los órganos de control para investigar el presunto uso indebido de fondos públicos.
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