Delincuentes drogaron y robaron a funcionario de Presidencia: intentaron extorsionar a su familia

En la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, la ciudadana Paula Malagón reportó la desaparición de su esposo, Miguel Ángel Castro, funcionario de la Casa de Nariño. Su último rastro se registró en la noche del viernes 27 de febrero, después de asistir a una reunión.

Castro fue visto por última vez cerca de la medianoche en la carrera 21 con calle 33A, en el centro de la localidad de Teusaquillo. Según dijeron los voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá a este medio, poco después el funcionario llegó por sus propios medios a un establecimiento donde un grupo de hombres le suministró benzodiacepina.

Las autoridades informaron que, aunque no se trató de un “paseo millonario”, a la víctima le robaron su vehículo y sus pertenencias. Al parecer, fue abandonado en el lugar.

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Según relató Malagón, en diálogo con Infobae Colombia, Miguel Ángel Castro apareció en un centro asistencial, bajo el efecto de las sustancias psicotrópicas, sin saber qué fue lo que sucedió.

Según el testimonio de la esposa, ella se percató de que algo ocurría con su marido al recibir llamadas de distintos números, cuyos interlocutores afirmaron tener a Castro en su poder.

“Apareció, pero me extorsionaron. No sabemos qué pasó con sus cosas, su moto, su celular. Recibimos notificaciones de movimientos en la cuenta y a mí me llamaron para extorsionarme. Me pidieron lo que yo tuviera de dinero”, relató.

Los extorsionistas le aseguraron que su esposo pertenecía a bandas criminales y que supuestamente tenía vínculos con “gente peligrosa”. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el Gaula tomó contacto con la víctima, quien rendirá testimonio el domingo 1 de marzo de 2026.

Alcalde Galán se reunió con la fiscal Camargo, por altas tasas de impunidad delictiva en la capital: “Se requieren cambios en el sistema legal”

En medio de la incertidumbre que se vive en Bogotá por el aumento de casos de secuestros extorsivos —también conocidos como “paseos millonarios”—, ataques con sumisión química mediante sustancias psicotrópicas, hurtos y homicidios, las autoridades capitalinas enfrentan críticas por la alta reincidencia delincuencial, atribuida en parte a procesos judiciales que no concluyen.

En este contexto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una reunión con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para analizar medidas que garanticen, según el balance presentado por Galán, que “quienes cometan delitos violentos no queden en libertad ni sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos”.

A mediados de febrero de 2026, el mandatario distrital había anunciado en una entrevista con la revista Semana una propuesta de reforma al Código Penal, que planea presentar ante el Congreso de la República con el objetivo de reducir la tasa de impunidad y reincidencia.

Estas fueron sus declaraciones en ese momento: “De arranque, el que comete un delito debería tener una sanción efectiva que disuada la comisión de otro delito o, de lo contrario, si no hay sanción ante un delito, pues eventualmente eso genera ese círculo vicioso de que cada vez —el delincuente— pueda cometer uno más grave, porque no pasa nada”.

En ese sentido, tras la reunión con la fiscal Camargo, el burgomaestre afirmó que se implementarán estrategias, de manera coordinada con el organismo de control, para realizar judicializaciones eficaces.

“Acordamos varias cosas, por ejemplo: hacer lo necesario para poder aprovechar las herramientas que nos da la tecnología en la identificación de los delincuentes y su judicialización, además de revisar los obstáculos que existen actualmente para ese tipo”, dijo el jefe del Distrito.

Aseguró que, pese a que sus críticos le incriminan el incremento de las cifras de percepción y de inseguridad como tal, existen vacíos legales —por ejemplo con presuntos delincuentes menores de edad— sobre los cuales deben ejecutarse modificaciones.

Tras la reunión con la fiscal General, dijo: “En Bogotá somos conscientes de que debemos hacer más para mejorar la seguridad en la ciudad, pero estamos convencidos de que se requieren cambios en el sistema legal que permitan que quienes cometan delitos violentos no queden en libertad ni sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos. Como sociedad tenemos que unirnos en torno a un propósito, quien cometa un delito violento no puede, por ningún motivo, quedar en libertad”.