El empresario Gonzalo Enrique Arenas fue liberado en horas de la mañana del 28 de febrero de 2026, tras permanecer secuestrado desde mayo del 2025 en la zona fronteriza.
El caso había generado preocupación en sectores vinculados al sector carbonero, dado el tiempo prolongado en cautiverio y la participación de un grupo armado en la retención.
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La Defensoría del Pueblo anunció el resultado de la operación, afirmando: “Hoy fue liberado Gonzalo Arenas, empresario del sector carbonífero secuestrado el 2 de mayo de 2025”.
A la zona rural en la vereda La Chinita, en los alrededores de Cúcuta, se desplazó una comisión compuesta por miembros de la Iglesia católica junto a representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes acompañaron el proceso de liberación del empresario.
En este contexto, la entidad reiteró: “Reiteramos el clamor de cientos de familias que piden la liberación inmediata e incondicionada de todas las personas secuestradas. Esa es la obligación de los grupos armados”.
La entidad enfatizó su disposición para mantener los esfuerzos en favor de las víctimas al declarar: “Mantenemos abiertos nuestros canales humanitarios en defensa de la vida, la libertad y la integridad de todas las personas”.
La familia del empresario Gonzalo Enrique Arenas Paredes vivió momentos de deseperación tras su secuestro el 2 de mayo de 2025 en una zona rural del corregimiento San Faustino, Cúcuta. La falta de avances y las denuncias sobre una presunta manipulación en la investigación oficial aumentaron la tensión, mientras los seres queridos del empresario temian por su vida y señalaban la inacción de las autoridades, detalló en su momento Semana.
El grupo armado responsable de la retención exigia $10.000 millones como rescate tras interceptar la camioneta del empresario. Este dato, crucial en la escala del caso, se conoció una vez que el padre de Arenas Paredes, Gonzalo Arenas Hernández, fue liberado junto a otros dos acompañantes poco después del secuestro. La familia considera que el monto solicitado evidencia la complejidad y gravedad del hecho delictivo.
La esposa del empresario, Jessica Ramírez, relató al medio de comunicación que desde el comienzo notaron inconsistencias y flexibilidad indebida en el manejo de la denuncia. Según Ramírez, “nos dijeron que debíamos decir que fue en Venezuela para que lo tomaran en serio, pero luego usaron eso para decir que no podían intervenir”. La declaración destacó el sentimiento de desamparo y la percepción de que la burocracia y la lenta respuesta estatal han entorpecido cualquier intento serio de rescate.
La denuncia inicial fue presentada ante el Gaula Militar y trasladada después al Gaula Policía. Sin embargo, la familia sostiene que la versión oficial modificó deliberadamente los hechos para situar el secuestro en territorio venezolano. Esto habría dejado a las autoridades colombianas sin justificación para la acción inmediata, según el testimonio de Ramírez.
Las investigaciones habrían identificado a un presunto responsable intelectual: un empresario de la región, ya conocido por las autoridades, que habría ganado la confianza de Arenas Paredes y, posteriormente, facilitado su entrega a una banda criminal.
A pesar de su relevancia en el expediente, esta persona permanece libre y sin restricciones judiciales, lo que mantiene la suspicacia sobre posibles lazos de protección y corrupción.
Días previos a los hechos, Gonzalo Arenas Paredes viajó desde Bogotá, donde residia con su esposa y su hija de dos años, para gestionar negocios de carbón y coque metalúrgico vinculados a inversiones familiares en Norte de Santander.
Parte de estos emprendimientos ya había sido afectada previamente por presuntas estafas, reflejando un entorno de inseguridad acentuada para los empresarios legales de la región.
El día del secuestro, un camión atravesado en la carretera obligó a detener el vehículo en el que se movilizaba Arenas Paredes con su padre. Al menos diez hombres fuertemente armados participaron en la retención. Según el padre del empresario, la víctima fue conducida por trochas hasta Venezuela, cruzando zonas fronterizas y riachuelos fuera del control oficial.
El caso evidencia la vulnerabilidad de quienes desarrollan actividades económicas legales en regiones donde la inseguridad y la corrupción dificultan la acción efectiva de las autoridades. Las denuncias de la familia sobre irregularidades en la investigación y la persistencia de responsables sin judicialización refuerzan la percepción de desprotección y desconfianza en el sistema.
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