El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “sin transparencia no hay democracia; hay corrupción”, frase que utilizó antes de presentar el balance de las acciones oficiales frente al proceso electoral en Colombia.
Cabe recordar que la vigilancia sobre la jornada de votaciones y la prevención de delitos electorales encabezan la agenda del Gobierno, que reportó la incautación de 623 millones de pesos asociados a posibles conductas ilícitas en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.
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La cartera de Defensa informó que los recursos decomisados se atribuyen a investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado en diversas regiones, donde permanecen activas 14 investigaciones de alto impacto.
Los casos involucran delitos como constreñimiento al votante, financiación irregular de campañas, suplantación de electores e inhabilidades, situaciones que las autoridades consideran como las principales amenazas para la competencia electoral y la legitimidad del voto.
En este contexto, el Plan Democracia ha guiado la respuesta institucional durante casi un año, mediante la articulación de distintas entidades del Estado. El plan ha permitido anticipar riesgos y adaptar medidas ante posibles transformaciones en la manera de operar de las organizaciones criminales asociadas al fraude electoral.
Dentro de la evaluación de riesgos, el Gobierno identificó 208 municipios con nivel de riesgo alto. En estos territorios, la fuerza pública ha reforzado su presencia para prevenir alteraciones durante el desarrollo de las elecciones y responder a incidentes que puedan comprometer el orden público.
Este despliegue también contempla la participación de más de 246.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que custodiarán 13.493 puestos de votación el día de los comicios.
El ministro Sánchez explicó que la estrategia incluye la extensión del servicio militar obligatorio, sumando 22.000 militares y 4.000 auxiliares de policía a los dispositivos regionales. Al mismo tiempo, se fortalecieron las labores de inteligencia e investigación preventiva, con énfasis en la detección de conductas que puedan comprometer la integridad del proceso electoral.
Entre las medidas complementarias, el Gobierno mantiene operativo un esquema de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que facilite la identificación y judicialización de responsables de delitos electorales. Las denuncias se reciben a través de la línea gratuita nacional 157, bajo reserva de identidad para los informantes. Esta línea permanecerá habilitada las 24 horas en todo el territorio nacional para reportar situaciones que puedan afectar la normalidad de las votaciones.
El dispositivo de seguridad y control involucra a entidades como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Además, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales participan en la observación y acompañamiento del proceso.
Las autoridades han reforzado también las capacidades de ciberseguridad para proteger la infraestructura electoral ante posibles ataques informáticos y la circulación de desinformación. Todas estas acciones buscan asegurar un ambiente propicio para el ejercicio del voto y garantizar la transparencia en el proceso electoral colombiano.
Cabe recordar que un delito electoral consiste en cualquier acción u omisión que busque alterar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.
Estas conductas incluyen la violencia, las amenazas, el constreñimiento al votante, la compra o venta de votos, el fraude, la suplantación y el voto ilegal, así como la manipulación de resultados. Las sanciones varían según el acto cometido e incluyen penas de prisión y multas.
Estos delitos afectan el ejercicio democrático y vulneran los derechos ciudadanos, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y canales de denuncia para prevenir y castigar estas prácticas.
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