Un caso de fraude en el sistema de pensiones impactó al Eje Cafetero luego de que, el 25 de febrero de 2026, se conociera que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra un abogado acusado de alterar documentos para acceder a beneficios indebidos.
El caso, que involucra millonarios desembolsos y afecta directamente los recursos de Colpensiones y el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), dejó en evidencia un esquema delincuencial dedicado a este tipo de desfalcos.
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El abogado, identificado como Fabián Alberto Montoya Calderón, fue declarado culpable de fraude procesal y estafa agravada por su intervención en la alteración del sistema de pensiones de invalidez en el Eje Cafetero entre 2011 y 2014.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación documentaron que Montoya Calderón, junto con otro abogado, actuó como apoderado de ciudadanos que requerían el reconocimiento de pensiones de invalidez ante Colpensiones —en ese entonces, Instituto de Seguros Sociales (ISS)— utilizando dictámenes médicos falsificados.
Los expedientes judiciales señalan que se presentaron documentos aparentemente expedidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de Quindío, Risaralda y Caldas. Sin embargo, los datos de identificación correspondían a personas ajenas a quienes reclamaban la pensión.
Esta acción permitió a los abogados obtener el desembolso de retroactivos y mesadas pensionales en favor de sus representados, con un impacto negativo sobre los recursos de ISS y Colpensiones.
La condena atribuyó a Montoya Calderón la autoría de 52 reclamaciones fraudulentas, cuyo monto total ascendió a $2.843 millones. En noviembre de 2023, la Fiscalía realizó la ocupación de bienes en Pereira y Caicedonia, avaluados en cerca de $1.000 millones, que estarían vinculados al condenado.
La Corte Suprema ordenó compulsar copias para que la Fiscalía evalúe la procedencia de iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los fondos públicos desembolsados indebidamente en virtud de las solicitudes fraudulentas de pensión de invalidez.
La sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, fijó una condena de 20 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Armenia ratificó la responsabilidad, ajustando la pena a 15 años y dos meses de privación de la libertad.
Mujer denunció que entregó su vehículo a un presunto estafador tras mediación policial en Bogotá
Una ciudadana en Bogotá denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar vender su vehículo a través de redes sociales.
De acuerdo con su testimonio, entregado a Noticias Caracol, el dinero pactado por la venta nunca fue consignado y, al buscar apoyo de la Policía Metropolitana, el procedimiento terminó favoreciendo al supuesto estafador, que finalmente se llevó el vehículo.
La situación inició cuando, ante inconsistencias surgidas durante la negociación, ambas partes decidieron acudir a una estación policial para solicitar mediación. Según relató la afectada, que había dado a luz recientemente, llegó a la estación a bordo de su carro, sentada en la parte trasera y alimentando a su hijo, mientras que el presunto estafador conducía el vehículo. Al llegar, el uniformado encargado resolvió entregar el automotor a la persona que lo manejaba en ese momento, es decir, al señalado por la mujer como responsable del fraude.
La víctima cuestionó la decisión del policía, dado que la tarjeta de propiedad del vehículo seguía a su nombre. El reporte oficial del uniformado reconoció que la documentación acreditaba la propiedad de la mujer, pero no se explicó por qué el carro fue entregado a un tercero. La situación se agravó después, ya que ni la propietaria ni su abogado han logrado ubicar al presunto estafador ni al vehículo.
Juan Manuel Castellanos, abogado de la denunciante, explicó que actualmente no ha sido posible completar el traspaso del vehículo debido a la existencia de impuestos y multas pendientes. Además, mencionó que los números telefónicos de la víctima fueron bloqueados por el comprador y un supuesto intermediario en la plataforma WhatsApp, obstaculizando cualquier comunicación posible.
El representante legal expresó su preocupación por el procedimiento policial, señalando que el carro permaneció desde el viernes hasta el lunes en las instalaciones de la Policía del barrio Ricaurte sin existir orden judicial, medida cautelar ni aprehensión que lo justificara.
Castellanos dijo que “ningún ciudadano optaría voluntariamente por dejar su vehículo en un CAI sin orden alguna”, y criticó la justificación del uniformado, que argumentó que entregó el carro a quien iba conduciéndolo. El abogado calificó la actuación como un “grosero procedimiento” y sostuvo que el policía “se inventó una figura jurídica inexistente”, ignorando que la documentación oficial reconocía a su clienta como propietaria.
La defensa ha presentado denuncias por presunta estafa, hurto y posibles delitos contra la administración pública por parte del uniformado, solicitando a las autoridades investigar la trazabilidad económica y las cuentas bancarias del policía implicado.
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