El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la decisión de exigir a los fondos privados de pensiones el traslado de los ahorros de los afiliados que se cambiaron al régimen público y aseguró que no se trata de una expropiación, sino del cumplimiento de la ley.
Sin embargo, reconoció que el proceso podría generar “problemas de liquidez de corto plazo” en las administradoras.
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“Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno. Solo, como es mi deber, que se cumpla la ley”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, en medio de la controversia por el proyecto de decreto que busca fijar plazos para esos giros.
El jefe de Estado insistió en que los recursos pertenecen a los afiliados y no a las entidades financieras. “El ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación. El ahorro es propiedad privada del ahorrador”, señaló.
De acuerdo con las cifras entregadas por el propio presidente, más de 25.000 cotizantes que estaban en fondos privados decidieron trasladarse voluntariamente a Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la normativa vigente. De ese total, aseguró que 5.000 ya están recibiendo su mesada en el régimen público.
El punto de fricción es que, según el Gobierno, los fondos privados no han transferido todavía los recursos acumulados por esos afiliados. “Sin embargo, los fondos no han trasladado los ahorros de esas personas a Colpensiones, como ordena la ley. Por eso se ha dado un plazo para ello”, explicó.
Para quienes ya se pensionaron en el régimen público, el traslado de esos recursos es clave porque respaldan el pago de sus mesadas. Y para quienes aún están en proceso de cambio, el movimiento del dinero es un paso necesario para consolidar su nueva afiliación.
Reconoce posibles tensiones
En su pronunciamiento, el presidente admitió que la salida simultánea de recursos podría generar presiones en el sistema. “Sé que pueden haber problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados y por eso discutiremos las formas de pago y plazos para evitar choques financieros innecesarios”, afirmó.
Por esa razón, anunció que hablará directamente con la banca privada para aclarar dudas y definir un cronograma que permita cumplir la ley sin afectar la estabilidad del mercado. “He decidido hablar con la banca privada para que aclaremos cualquier confusión”, sostuvo.
El debate se da en medio del periodo de transición fijado por la Corte Constitucional, que estableció como fecha límite el 16 de julio para que los afiliados que cumplan los requisitos puedan cambiar de régimen.
Petro señaló que, de haberse implementado plenamente la nueva reforma pensional, los recursos tendrían otro destino institucional. “De haberse resuelto la expedición de la ley de la reforma pensional en la Corte Constitucional, el dinero de los cotizantes que decidieron pasarse a Colpensiones iría al Banco de la República”, explicó en referencia al Banco de la República. No obstante, mientras siga vigente la Ley 100, los fondos deben girarse directamente a Colpensiones para financiar el pago de pensiones.
¿Qué implica para los afiliados?
Para los trabajadores que ya tomaron la decisión de trasladarse si el cambio fue aprobado, los recursos deben acompañar esa decisión. El Ejecutivo sostiene que no es una medida discrecional, sino una obligación legal derivada del traslado.
El desenlace dependerá ahora de las conversaciones entre el Gobierno y las administradoras privadas. De cómo se definan los plazos y la forma de los giros dependerá que el proceso se realice de manera gradual o que genere tensiones financieras temporales.
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